Nueva York, 15 de febrero. En México, la violencia y la impunidad han tenido un impacto devastador sobre los medios de comunicación, y el país padece condiciones de peligrosidad para los periodistas equivalente a regiones en guerra, como Irak y Somalia, señaló el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

En su informe anual denominado Ataques a la Prensa 2010, emitido hoy, el CPJ evaluó las condiciones a escala mundial de los medios de información, y afirma que en México “una autocensura generalizada ha sido la devastadora consecuencia de la violencia letal ejercida por los cárteles de la droga y por los grupos criminales”.

Agregó que decenas de asesinatos, desapariciones, ataques con bombas y múltiples amenazas han llevado a periodistas y medios de prensa mexicanos a abandonar no sólo el periodismo de investigación, sino también la cobertura informativa básica sobre el crimen. En zonas donde grupos de narcotraficantes rivales se disputan territorio, los periodistas se han visto obligados a escribir lo que los criminales ordenan o simplemente han dejado de informar.

En México, informó el CPJ, se ha documentado el asesinato o desaparición de más de 30 comunicadores desde que inició su sexenio el presidente Felipe Calderón, una cifra que compite con países asolados por la guerra, como Irak y Somalia.

En 2010, 10 periodistas fueron asesinados, y por lo menos tres de ellos en relación directa con sus tareas profesionales, mientras otros tres desaparecieron. El CPJ afirmó que, además, los periodistas fueron atacados, secuestrados u obligados a marchar al exilio, mientras que los medios fueron el blanco de atentados con bombas, situación que transformó a México en uno de los países más letales para la prensa.

El informe resaltó la impunidad en casi todos los casos de periodistas, tanto por la debilidad y corrupción del sistema judicial como por la vasta corrupción imperante entre los funcionarios de las fuerzas de seguridad, sobre todo a escala estatal.

El comité mencionó que sostuvo una reunión con el presidente Calderón, en septiembre de 2010, donde el mandatario se comprometió a impulsar leyes federales sobre delitos contra periodistas, y aseguró que promovería medidas para otorgar mayor protección a comunicadores en situaciones de peligro, basadas en la exitosa experiencia de Colombia.

A la vez, el presidente Calderón anunció el arresto de un sospechoso de la ejecución del reportero Armando Rodríguez Calderón, de El Diario, de Ciudad Juárez, ocurrido en 2008. Sin embargo, el CPJ recuerda que un día después del anuncio del Ejecutivo, el rotativo juarense informó que el acusado había sido torturado para arrancarle la confesión. El gobierno federal no ofreció ningún comentario sobre el asunto.

A la vez, el CPJ dijo que los narcos no son los únicos que amenazan a los periodistas, ya que informadores han denunciando “numerosos hostigamientos e incluso agresiones cometidos por fuerzas militares y de la Policía Federal, que a menudo insistían en que sus acciones no debían ser cubiertas.

Periodistas y fotógrafos en los estados de Michoacán, Sinaloa y Chihuahua, donde el Ejército contó con un amplio despliegue de fuerzas, se quejaron de recibir con frecuencia amenazas de soldados durante la cobertura noticiosa. A veces, afirmaron, los soldados los detuvieron o los golpearon o dañaron sus equipos.

El CPJ enumeró varios casos para ilustrar estas conclusiones, y resaltó en particular las condiciones en Ciudad Juárez y en el estado de Tamaulipas, entre otros. El informe recordó el mensaje editorial de El Diario a los narcotraficantes, reconociéndolos como “autoridades de facto” y solicitando una línea clara sobre lo que se podía publicar.

El comité señaló que el “gobierno federal no respondió ante las acusaciones del editorial en el sentido de que los cárteles controlaban la ciudad, afirmando en cambio que el periódico actuaba de modo irresponsable al publicar semejante propuesta”.

La censura a los medios de comunicación y a periodistas en América Latina alcanzó uno de sus puntos más altos desde el proceso de democratización regional 30 años atrás, concluyó el análisis del CPJ.

Afirmó que a medida que la ilegalidad se extiende en vastas áreas del hemisferio, sistemas judiciales disfuncionales no han logrado enjuiciar a los responsables de ataques contra la prensa, creando un clima de impunidad que perpetúa el ciclo de violencia. Algunos líderes elegidos democráticamente, al mismo tiempo, han mostrado un marcado desprecio por las instituciones democráticas, al abusar de los recursos estatales para reprimir el disenso y silenciar a los críticos, dijo.

Advirtió que el aumento en el nivel de censura, ya sea producto de la represión gubernamental o por la intimidación de grupos criminales, está socavando la capacidad de la prensa latinoamericana para cumplir con su labor.

A escala mundial, el comité registró que 145 periodistas están encarcelados y 44 perdieron la vida durante 2010.

En su resumen, Joel Simon, director ejecutivo del CPJ, criticó que la triste realidad actual es que mientras la ley internacional garantiza el derecho a la libertad de expresión, los periodistas cuentan con pocas instituciones internacionales que defiendan ese derecho.

Llamó a realizar mayores acciones de las instituciones internacionales desde la Organización de las Naciones Unidas y regionales de Europa, para cumplir con sus obligaciones en el rubro de la protección de los que laboran en favor de la libertad de expresión.

Los periodistas que trabajan en condiciones peligrosas se sienten aislados y abandonados por las numerosas instituciones internacionales creadas para proteger sus derechos, afirmó.

El informe se puede consultar en: http://cpj.org/es/ataques-a-la-prensa/