El gobierno municipal de Ensenada, Baja California, clausuró la regasificadora de gas licuado natural de la trasnacional estadunidense Sempra Energy, al comprobar y documentar que la instalación de esa planta en el corredor turístico Tijuana-Rosarito-Ensenada deriva en una serie de irregularidades y violaciones flagrantes a la ley, con el consecuente riesgo para los habitantes de la zona y deterioro del entorno ecológico.

La determinación del presidente municipal por enfrentarse al gigante Sempra –que ha constituido una red de protección e influencia entre políticos y reporteros locales– obedece a la falta de transparencia con que ha actuado y la violación a los artículos 1, 4, 5, 6, 47, 83, 84, 85, 136, 138 y 140 de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California y el incumplimiento de lo dispuesto en los puntos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 del Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada, que impide la instalación de empresas riesgosas en la región.

El cierre ocurrió a la par que un juez otorgó una suspensión provisional de amparo a la empresa. No obstante, ésta fue analizada por los abogados del ayuntamiento, que concluyeron que tal determinación no limita las acciones que se asuman para cumplir con la ley municipal.

El juez manifiesta que sin perjuicio de que las autoridades responsables ejerciten sus facultades de inspección, vigilancia y verificación para la comprobación de la normatividad vigente relativa a la actividad que se desarrolla, y en caso de encontrar alguna irregularidad apliquen las sanciones o lleven a cabo las acciones que en derecho correspondan. Por ello, la medida del cierre total temporal de la empresa Energía Costa Azul, en Ensenada, está apegada en sentido estricto a la ley.

Ayer a la caída de la tarde, los representantes legales del ayuntamiento, Miguel Ley, secretario del mismo, y Miguel Tolosa, director jurídico, colocaron los sellos de clausura en el acceso a la regasificadora. La posición del representante legal de Sempra Energy, Miguel Araiza –refirieron testigos– fue furibunda, porque gritaba enfáticamente a los funcionarios locales, les ordenaba y amenazaba con la llegada de la Policía Federal.

Alrededor de las 16 horas tiempo local (18 horas, tiempo del centro de México), 60 policías municipales, funcionarios del ayuntamiento, reporteros mexicanos y estadunidenses, especialistas ambientales e integrantes de ONG, llegaron hasta la puerta principal de la planta, que se ubica a un costado de la carretera Tijuana-Ensenada.

Testigos de la clausura también refirieron que el ingreso del contingente de policías y funcionarios del cabildo desquició a Miguel Araiza: Van a cometer un delito federal. Ahorita va a llegar la Policía Federal. Su presidente municipal no los va a proteger. Esta es una instalación estratégica y van a cometer un delito federal. ¡Nada los va a salvar!

Quienes ayer estuvieron relataron que Araiza trató de retrasar el proceso de elaboración del acta de clausura y continuó gritando a los representantes legales del municipio: “¡Tiene que terminar la lectura! –le gritaba a Miguel Ley–. ¡Qué! No puedo escuchar, sígale leyendo, dele lectura. Estoy perfectamente tranquilo, estoy calmado. ¡De qué se trata! ¿Me puede leer el acta? Antes de firmar quiero saber qué es lo que me están notificando, a ese grado llega su abuso de autoridad. Arriba no leen, ¿qué más atropello quieren hacer? ¡¿Y ustedes son reporteros serios o les gusta el escándalo?!”

Una vez que concluyó la firma del acta y Araiza ya no logró ganar tiempo, los funcionarios del ayuntamiento colocaron los sellos de clausura. El representante legal de Sempra insistía gritando que dentro de las instalaciones había personal laborando. Son familias, reiteraba, pero nadie desde afuera observó movimiento alguno.

Los que sí permanecieron dentro fueron los técnicos ambientalistas de mantenimiento que el municipio contrató para resguardar las instalaciones por su alta peligrosidad y riesgo.

Así, se concretó el cierre de la planta de Sempra Energy, que no podrá realizar actividades de almacenamiento y envío de gas licuado a su termoeléctrica de Mexicali, y su larga lista de clientes, en tanto no se resuelvan las demandas legales que interpuso el municipio, entre las que se encuentran la creación de una zona de resguardo.

Por la noche, sobre la carretera Ensenada-Tijuana, a unos 500 metros de la entrada de la planta se aparcó un convoy militar con alrededor de 30 efectivos, que al momento de intentar fotografiarlos se retiraron del lugar.

Al cierre de esta edición hubo reportes de que elementos del Ejército, personal de la Armada y agentes de la Policía Federal se presentaron a las afueras de la planta regasificadora para conminar a la policía municipal a retirarse del lugar, y que los sellos de clausura fueron destruidos por las fuerzas federales.