Aceptar parcialmente una recomendación emitida por el órgano de Estado responsable de acreditar las violaciones a los derechos humanos no es viable y realizar una consulta sin suspender las obras de la supervía poniente no repara el daño que ocasionó el Gobierno del Distrito Federal y el cual quedó ampliamente documentado en la recomendación 1/2011, aseguró el codirector de Litiga Ole, Luis Miguel Cano.

Si no se acepta la suspensión de la obra, ¿qué se va a poner a consulta pública? La autoridad competente, es decir la CDHDF, ya determinó una serie de violaciones. Si el jefe de Gobierno quiere cumplir con su obligación de reparar el daño tiene que aceptar en su totalidad la recomendación.

El abogado abundó: habrá que leer en su totalidad la respuesta, pero por lo que se ha manejado en los medios se nos quiere tratar como tontos, los tres primeros puntos de la recomendación están ligados. La consulta pública está condicionada a la suspensión de la obra y a realizar una evaluación del impacto que ésta traerá consigo.

En tanto, en la víspera de que el GDF diera su respuesta formal a la recomendación, el Frente Amplio en Contra de la Supervía Poniente envió una misiva a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, en la que solicita a dicho organismo apoyo, ante la evidente conducta violatoria de los derechos humanos de la administración de Marcelo Ebrard.

Tras relatarle los antecedentes y darle a conocer la recomendación 1/2011, los ciudadanos aseguraron a Navanethem Pillay que “el jefe de Gobierno, así como su equipo de colaboradores, han realizado sendas descalificaciones a la citada recomendación y a la propia CDHDF, donde en forma por demás mendaz, insisten que la cuestionada obra ‘va porque va’, afirmando que no tienen obligación legal para cumplir con la recomendación y suspender dicha obra”.

La misiva, fechada el jueves anterior, también refiere la manifestación que realizaron habitantes de La Angostura el miércoles en la Asamblea Legislativa: el día de ayer, un grupo social azuzado por servidores públicos del GDF, pidieron juicio político contra el presidente de la CDHDF en represalia por haber emitido la citada recomendación, otros más han solicitado su destitución, todo ello sin fundamento alguno.