La Cámara de Diputados concluyó que la extinción de Luz y Fuerza del Centro no se decretó por su alto costo de operación, sino para entregar a compañías trasnacionales la operación y suministro de energía eléctrica en la zona centro del país. Al desaparecer la compañía, expuso, los productores externos de energía (PEE) sumaron 50 por ciento de la capacidad de generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Al realizar un análisis de la extinción, la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara explicó que aunque oficialmente la CFE presta el servicio en el Distrito Federal y los estados de México, Morelos, Puebla e Hidalgo, la paraestatal disminuyó su capacidad de generación en más de 12 mil megavatios para permitir el ingreso de permisionarios privados, y que 6 millones de usuarios, cuyo suministro era cubierto por Luz y Fuerza, sean atendidos por firmas extranjeras.

Si bien los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2009 serán presentados el miércoles por la Auditoría Superior de la Federación, la UEC realizó su propio análisis de los efectos del decreto presidencial que ordenó la desaparición, en octubre de ese año, de la segunda empresa eléctrica del país.

El documento de la UEC, que se entregó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara, revela que desde 2007 la electricidad que CFE vendía a Luz y Fuerza no la generaba aquella paraestatal, sino firmas privadas. Además, la política era vender más cara a LFC la electricidad adquirida a los concesionarios.

Detalló: En 2007, Unión Fenosa, productor privado independiente de origen español, vendió el kilovatio/hora (Kw/h) a CFE a 59 centavos y ésta a su vez se lo vendió a Luz y Fuerza a 1 peso y 93 centavos.

Refirió que en 2008, las compañías que operan en México aumentaron el precio del kw/h y se lo vendieron a CFE a 93 centavos; ésta, por su parte, lo vendió a 1.50 pesos a Luz y Fuerza, pero la Secretaría de Hacienda obligó al organismo liquidado a venderle al usuario a 1.18 centavos.

Con ello se obligó a Luz y Fuerza a absorber el costo, lo cual provocó un quebranto de 13 mil millones de pesos en 2009, año en el que se decretó su extinción.

La energía comprada a CFE se incrementó de 41 mil 500 millones de pesos en 2001 a 108 mil 400 millones de pesos en 2008. Así, los costos de explotación se integraron en 56 por ciento de electricidad comprada a CFE y 26 por ciento de pasivo laboral, principalmente, abundó.

El documento de la UEC indica que los altos costos de energía eléctrica que la CFE adquiere de productores externos fueron transferidos a la propia Luz y Fuerza, deteriorando aún más su difícil situación financiera.

Entre los factores que el órgano revisor de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados identificó como claves para provocar una quiebra de Luz y Fuerza está el pasivo laboral, pero sobre todo las transferencias para subvencionar el costo de la electricidad que CFE compraba de los PPE.

“Desde su creación, Luz y Fuerza había recibido transferencias presupuestales cuantiosas y que entre 2001 y 2009 se incrementaron en más de 200 por ciento, al pasar de 13 mil millones de pesos a 42 mil millones en ese periodo.

Sin embargo, debe aclararse que esa situación no fue exclusiva del organismo liquidado. También CFE recibió cuantiosas transferencias que se mantuvieron altas, al incrementarse de 46 mil 600 millones de pesos a 98 mil 300 millones, durante ese mismo periodo, detalló.

La política ejercida sobre Luz y Fuerza, indicó, provocó que sus costos de operación casi duplicaron a sus ingresos por ventas. Así, de 2001 a 2008 reportó ventas por 282 mil millones de pesos, pero sus costos ascendieron a 524 mil millones, es decir 186 por ciento superiores a sus ingresos.

Además, identificó que la inversión en proyectos de infraestructura que las secretarías coordinadoras del sector, Hacienda y Energía, fue insuficiente para que el organismo generara la electricidad que demandaba la zona centro del país y, en consecuencia, ésta provenía de compras a CFE, con costos que aumentaron 90.8 por ciento como proporción de los ingresos totales en 2001, y de 119.5 por ciento en 2008.

La UEC cuestionó que mientras se decidió no resolver el pasivo laboral de Luz y Fuerza por 220 mil millones (de 240 mil millones en el caso de CFE), las pérdidas totales de energía “eran excesivas y casi tres veces observadas a las de CFE, una gran proporción de las mermas se concentró en adeudos de gobiernos estatales y municipales de la zona centro y de empresas corporativas que realizaban ‘acuerdos’ con el gobierno federal” para no pagar sus consumos.

El reporte señaló que los adeudos de los gobiernos estatales de México, Hidalgo, Morelos y Puebla ascendían a junio de 2009 a 7 mil 400 millones de pesos; de empresas privadas a 2 mil 400 millones de pesos.

Mientras, el costo de transporte de electricidad desde plantas generadoras privadas, las pérdidas no técnicas –como el robo de energía–, la alteración de medidores y facturas, así como salarios y prestaciones al personal sólo representaron 6.3 por ciento de los costos y gastos de explotación, concluyó la UEC.