Trabajadores de la Secretaría de Gobernación (SG), que desde el año pasado denuncian discrecionalidad en la asignación de puestos y hostigamiento laboral, fueron despedidos.

La dependencia argumentó que desde diciembre pasado concluyeron sus contratos, algunos del régimen de honorarios, pese a que desde hace varios años ocupaban los mismos cargos y realizaban las mismas funciones.

Los ceses en la subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos ocurren antes de que se difunda el resultado de las investigaciones del órgano interno de control –dependiente de la Secretaría de la Función Pública; tampoco se conocen los dictámenes de denuncias interpuestas en la Procuraduría General de la República–, por presuntas irregularidades administrativas y, en el caso de una funcionaria, por usurpación de funciones. Está pendiente además el veredicto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Los despidos son un acto represor y autoritario, común en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos (a cargo de Felipe de Jesús Zamora). Primero con la segregación y luego con el despido responden a los reclamos, documentados en diversas instancias.

Con esto sólo se cumplen las amenazas de que fuimos objeto desde hace un año, por haber levantado la voz ante la política de terror y hostigamiento laboral que impera en Gobernación, señalaron los inconformes en una carta que enviaron también al titular de la subsecretaría y al de la dependencia, Francisco Blake Mora.

Desde el 27 de abril pasado, un grupo de trabajadores adscritos a la Unidad de Asuntos Jurídicos de Gobernación, precisamente el área en donde litigan despidos y demandas en contra de la propia secretaría, responsable de la política interna del país, denunciaron malos tratos, acoso y hostigamiento de parte de Amelia Borrego Dorantes.

Estas quejas se presentaron lo mismo a las instancias internas de la SG como el órgano de control, la oficialía mayor y la oficina del secretario de la Presidencia de la República; continuaron las denuncias en contra de la funcionaria mencionada, así como la difusión de la queja en medios de comunicación.

Los afectados señalan que tras revelar el agobio, el entonces titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Miguel González Canudas, tomó medidas provisionales (cambió a Borrego Dorantes a otra oficina y designó a un subalterno como ‘intermediario’ entre los empleados inconformes y la funcionaria). Sin embargo, afirman los inconformes, Borrego continuó con su actitud de hostigamiento: obstaculizaba la labor de la dirección de Relaciones Jurídico Laborales y no dudó en utilizar palabras soeces, humillantes.

En agosto, González Canudas dejó el cargo y a su lugar llegó José Julián Francisco Domínguez Arroyo quien, según los trabajadores, ha asumido una actitud de indiferencia respecto de los asuntos e inconformidades en la Unidad de Asuntos Jurídicos. “Cuando se enteró de la situación, se limitó a señalar ‘ya olvidemos la problemática’”.

Sin haber concluido las indagatorias internas y externas fueron despedidos –o al menos son los trabajadores que decidieron hacer público su caso– Martha Elena Payén Gálvez, Martha Ociela Romo Ramírez e Israel Trejo Mancera. A este último le indicaron apenas el martes que su contrato había concluido hace dos meses, lapso en el que estuvo laborando.