La comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai), Jacqueline Peschard, desestimó que pueda tener éxito la denuncia de contradicción de tesis que ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpuso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) contra una resolución de ese órgano garante de la transparencia.

“De entrada –subrayó–, no veo contradicción en el asunto de la Profepa. Las dos salas de la Suprema Corte han dicho que la información medioambiental es pública y la población tiene derecho a conocerla.

Nosotros hemos sido muy responsables y sólo hemos reservado los datos que tienen que ver con las empresas.

La víspera, el todavía titular de la Profepa, Patricio Patrón Laviada, afirmó que no viola-rían la legislación ambiental para dar cumplimiento a una instrucción del Ifai, emitida en septiembre de 2009, en la cual ordena a esa procuraduría la entrega de las actas de inspección practicada a la empresa Desarrollos Punta La Paz, que construyó marinas privadas en terrenos federales.

Un funcionario de la Profepa advirtió de ello a la empresa, la cual se amparó con el argumento de que la apertura de la información la afectaba y así se evitó la entrega de los documentos.

El oficio donde se da la voz de alarma lo reservó la Profepa, y el mes pasado el Ifai volvió a ordenar su difusión. Según Patrón Laviada, es legal lo que hace la Profepa.

Entrevistada sobre el tema, Peschard confió en que los ministros confirmen las resoluciones de sus salas, pues siempre han optado por la máxima publicidad de información relacionada con el medio ambiente.

El Ifai no tiene duda de que los ministros nos darán la razón, pues siempre se ha hecho prevalecer el interés público en lo relativo a la información sobre el medio ambiente, enfatizó.

Peschard precisó que cuando las empresas están involucradas, el Ifai ordena hacer pública la información relacionada con el impacto ambiental, pero reserva los datos de aquéllas para resguardar secretos industriales o comerciales.

La Jornada alertó el 31 de enero pasado que la Profepa acudiría al recurso legal para evitar la entrega de la información.