En la secundaria técnica 88 Cuauhtemoczin, ubicada en Ecatepec, estado de México, la sociedad de padres se ha topado con la negligencia y complicidad de las autoridades escolares, protegidas por el sindicato magisterial.

Así, por denunciar corrupción en el manejo de más de 300 mil pesos por cuotas anuales que pagan sus hijos, 20 mil al mes que se generan en la tienda escolar y 25 mil que se embolsó la contralora, los tutores enfrentan actualmente persecución de funcionarios del plantel.

Los numerosos testimonios, oficios y copias de recibos bancarios por pagos de inscripción enviados a los Servicios Educativos Integrados al estado de México (SEIEM), a cargo de Rogelio Tinoco, no son objeto de prueba, según se les ha dicho, para poner fin a la corrupción que impera en la secundaria.

La tesorera de la mesa directiva de la sociedad de padres, Isabel Cristina Castellanos Martínez, señala que ya tocaron las puertas de todas las autoridades educativas y nadie les hace caso. En el plantel hay alrededor de mil estudiantes y al comienzo del ciclo escolar les pidieron 375 pesos por inscripción, dinero que se debía depositar a nombre del anterior tesorero, José Luis Alavez García, pese a que él ya no se encontraba en funciones.

A esa irregularidad se agrega que de los más de 300 mil pesos recaudados, a la sociedad de padres sólo le entregaron 188 mil, lo cual fue avalado por la contralora de la escuela, Beatriz Martínez Guzmán, afirma.

Por si fuera poco, Alavez García –quien dio las cuentas de la mesa directiva anterior sin libro de ingresos y egresos, en fólders con algunas facturas, notas de remisión, servilletas y papel de estraza, de acuerdo con una de las denuncias de los inconformes– informó a la actual sociedad de padres que entregó 25 mil pesos de los ingresos del actual ciclo escolar a Beatriz Martínez Guzmán, lo cual fue reconocido por la contralora ante la mesa directiva.

Ello pese a que el artículo 10 del reglamento de participación social en la enseñanza, del subsistema educativo federalizado, estipula: Se prohíbe a las autoridades escolares la administración directa o indirecta de los recursos que obtengan las asociaciones escolares de padres de familia.

Sin embargo, el supervisor de la secundaria, José de Jesús Carmona Cervantes –quien funge como director, pues nadie ha ocupado el cargo–, respondió a los representantes de los tutores, en septiembre del año pasado, que no había problema con ese dinero, pero no dijo cuándo se devolvería, apunta la mesa directiva de padres en una relatoría dirigida a los SEIEM.

Tras meses de pedir al supervisor que interviniera para que se devolvieran los recursos, Carmona Cervantes expresó a la sociedad de paterfamilias que nosotros no tenemos nada por escrito ni pruebas de que la contralora tenga el dinero, pese a que ella lo admitió.

Isabel Cristina Castellanos y Jorge Roberto González Barrón, otros padres, sostienen que “la comunidad escolar nunca ha visto que las autoridades compren ni un lápiz con el presupuesto que se obtiene. Todo el material –de oficina, impresión, mantenimiento, aseo, gastos para las salidas a Toluca y comidas de maestros– ha sido pagado durante años por la sociedad.

La corrupción radica en que las autoridades del plantel piden facturas a la mesa directiva de padres para así poder justificar ante los SEIEM. Pero presentan facturas de lo que no compran, porque todo lo pagan los tutores, añaden.

Por lo anterior, exigen una auditoría a dicha secundaria y la remoción de José de Jesús Carmona Cervantes –a quien identifican como el principal promotor de todas las irregularidades– y Martínez Guzmán, entre otros funcionarios.

Hoy día el supervisor ha prohibido a los integrantes de la sociedad de padres entrar a la escuela. Incluso ha amenazado con disolver la mesa directiva, aunque no está entre sus facultades hacerlo. Por ello los tutores piden un alto a tanto abuso, corrupción e impunidad.