Las agresiones cometidas el pasado 28 de enero por agentes de la policía bancaria contra tres estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) son un acto inaceptable que no debe repetirse y será investigado, pero no se trata de la conducta habitual de los agentes ni forma parte de una estrategia para que la comunidad no discuta sobre el nuevo reglamento general de estudios.

Así lo afirmó en entrevista con La Jornada el secretario general de la institución, Juan Manuel Cantú Vázquez, quien explicó la forma en que se ha enfrentado el problema de la inseguridad presente en diversas unidades politécnicas.

Desde hace nueve años, detalló el funcionario, el IPN tomó la decisión de pedir la colaboración de la policía auxiliar del Distrito Federal para resguardar todas las escuelas y colegios, pero dicha labor se asignó desde enero de 2010 a la policía bancaria, luego de que se registraran algunas quejas en contra de los efectivos de la capital.

Los agentes están autorizados a vigilar las entradas y salidas de los recintos, así como a realizar rondines para detectar situaciones irregulares de gente ajena al Politécnico, como por ejemplo quien consuma bebidas alcohólicas dentro de la institución.

Hasta el momento, no hay registro de quejas formales contra los policías, y en ese sentido, la agresión que sufrieron los estudiantes Rafael Granados, Fernanda Castillo y Guadalupe García –como se denunció en El Correo Ilustrado de este diario–, fue un acto aislado que no puede servir para calificar la actuación regular de los uniformados, aseveró Cantú.

Lo que ocurrió estuvo mal. No avalamos en ningún momento lo que pasó, porque al margen de la versión de los policías, que dicen que los jóvenes estaban bebiendo, es inaceptable que los hayan tratado así, por lo que ya comenzó una investigación al respecto, subrayó el funcionario.

Según cálculos de la institución, cada año se registran en el IPN alrededor de 750 quejas por actos delictivos –la mayoría de ellos por robo de teléfonos celulares, computadoras y automóviles–, aunque sólo unos 60 de ellos ocurren dentro de las escuelas; el resto sucede en la periferia.

Una de las iniciativas propuestas por la dirección del instituto para abordar este tema son los Comités de Seguridad y Contra la Violencia (Cosecovis), que existen desde 2003 e incorporan a profesores en la observación de cualquier irregularidad, para que ellos la reporten con autoridades.

Por otra parte, Cantú negó de forma categórica que la vigilancia de la policía busque intimidar a la comunidad para que no se discutan asuntos de política escolar, ya que la misma dirección del IPN propuso una consulta para modificar el nuevo reglamento general de estudios.