n la sesión de ayer en la Cámara de Diputados, legisladores de los partidos del Trabajo y de la Revolución Democrática desplegaron una manta en la que se agravia al titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa. Esto provocó el enojo de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, cuyos integrantes pidieron, sin éxito, el retiro de la manta, y abandonaron posteriormente el salón de sesiones, con el argumento de que la acción de petistas y perredistas implicaba una falta de respeto a la institución presidencial y a la propia Cámara de Diputados. En consecuencia, el presidente de la mesa directiva, el priísta Carlos Ramírez Marín, decidió que no había condiciones para el desarrollo de la sesión legislativa y la suspendió.
Los hechos referidos, tan bochornosos como lamentables, constituyen un indicador de la descomposición que impera en el conjunto de la política del país. Ciertamente, ésta no empezó ayer ni se circunscribe a las instancias legislativas. Ocurre, sin embargo, que ha sido en éstas en donde se ha manifestado, en los años recientes, en forma particularmente exasperante e indignante para la opinión pública, habida cuenta de que los protagonistas de los despropósitos son, al menos formalmente, representantes populares: desde los legisladores que protagonizaron la accidentada ceremonia de investidura del propio Calderón Hinojosa, a principios de la pasada legislatura, hasta los diputados priístas y panistas que intercambiaron insultos hace unos meses, al calor de la discusión por el pacto antialianzas suscrito por las dirigencias de ambos partidos.
Los legisladores de la izquierda partidista habrían podido permanecer, con gran provecho, al margen de este tipo de desfiguros y comportarse a la altura de sus reivindicaciones de renovación política y de transformación social del país. Por el contrario, con acciones como la de ayer, ese sector se ha sumado activamente al proceso de descomposición institucional y ha contribuido, de paso, a la crispación política y la división social.
La perspectiva es doblemente lamentable si se toma en cuenta que los diputados que protagonizaron la protesta referida cuentan con sobrados elementos para cuestionar el desempeño de la actual administración federal, que ha entregado resultados desastrosos en los ámbitos económico, social, institucional; en la procuración de justicia, la observancia de los derechos humanos y la seguridad pública. En cambio, al reducir la crítica al Ejecutivo federal a un acto de agravio a su titular, los legisladores contribuyen –así sea involuntariamente– a distraer la atención de los problemas verdaderamente importantes para el país, y abonan a la práctica de la descalificación personal como sucedáneo de las ideas políticas y los argumentos.
Todo lo anterior alimenta, en suma, el desencanto de amplios sectores de la sociedad hacia los políticos, que son vistos, en su conjunto, como carentes de méritos y de oficio para presentarse como representantes de los intereses de la ciudadanía, y también, para colmo, como privados de los modales necesarios para encargarse de las máximas instituciones del país.
