El cierre de la planta regasificadora de gas natural licuado de la empresa trasnacional Sempra Energy fue avalado ayer en la noche por la autoridad municipal de Ensenada al determinar que las instalaciones de la empresa no cumplen con lo establecido en las leyes, reglamentos, normas, planes, programas y demás aplicables que rigen al municipio de Ensenada.

Esta postura fue tomada por el alcalde Enrique Pelayo ante la demanda de información del Congreso de Baja California con la finalidad de que el ayuntamiento decrete el cierre de la planta de Sempra.

Desde hace dos años un grupo de ambientalistas, abogados, políticos locales y propietarios de terrenos aledaños a la regasificadora documentaron las violaciones a las leyes locales, estatales y federales realizadas por Sempra, en connivencia con funcionarios del gobierno local, que permitieron instalar en la zona conocida como Costa Azul de Ensenada, la única planta de gas natural licuado que existe en todo el litoral de América del Norte.

El proceso irregular de operación de la regasificadora fue conocido también en el Congreso federal, el cual conminó al municipio del puerto a desplegar medidas legales contra la empresa estadunidense, por violentar la norma mexicana en materia de resguardo de las poblaciones aledañas y de protección al medio ambiente.

Una vez que se integraron las pruebas necesarias y concluyentes para señalar las violaciones a las leyes de los tres órdenes de gobierno se esperaba que el alcalde Pelayo ordenara el cierre de la regasificadora, la cual pasó por alto el ordenamiento ecológico y urbano de Tijuana-Rosarito-Ensenada, sostenida sólo en el errático permiso de instalación que autorizó la antepasada administración local que encabezó el PAN.

El alcalde argumentó que el Congreso del estado debería ordenarle el cierre de la planta. No obstante, los diputados locales no poseen facultades para dictar órdenes al munícipe y a lo más que pueden llegar es a emitir un exhorto para que se tome una decisión determinada.

El alcalde Pelayo insistía en que él respetaría los tiempos que marcara el Congreso de Baja California y postergó por días asumir su responsabilidad; la solicitud de un dictamen desde la Cámara de Diputados local aceleró el proceso, al que deliberadamente le abrió un compás de espera inexplicable.

El martes, Julio Felipe García Muñoz, presidente de la Comisión Jurisdiccional del Congreso de Baja California, envió un comunicado a Enrique Pelayo con objeto de analizar y revisar “los permisos otorgados por los anteriores ayuntamientos a la empresa Sempra Energy para el funcionamiento de la terminal de gas natural licuado Energía Costa Azul.

El Congreso del estado, por conducto de la Comisión Jurisdiccional, exhorta al ayuntamiento de Ensenada a que con relación a la problemática suscitada por la instalación y operación de la multicitada regasificadora, actúe con apego a la normatividad y legalidad, atendiendo primordialmente a las disposiciones contenidas en la Ley de Desarrollo Urbano Municipal, en beneficio de la protección al ambiente, el equilibrio ecológico y la seguridad del municipio de Ensenada.

Ayer el alcalde envió al Congreso local los nombres y cargos de los funcionarios que otorgaron permisos irregulares a la empresa Sempra Energy para instalar la planta regasificadora Costa Azul: Jorge Antonio Catalán Sosa, presidente municipal del 17 ayuntamiento; Roberto Magaña García, director de Desarrollo Urbano y Ecología en el mismo trienio de Catalán; Maribel Fisher Rodríguez, directora de control urbano; Gustavo Nuño Vizcarra, director de Catastro y Control Urbano, y Arturo Espinoza Jaramillo, secretario de SAHOPE (hoy SIDUE).

La conclusión de la titular de la Secretaría de Administración Urbana del municipio, Diana Montfort –avalada por el alcalde Pelayo–, es la siguiente: En relación con las instalaciones de la terminal de gas licuado de la empresa Sempra Energy México SA de CV y/o Energía Costa Azul, S de RL de CV, ubicadas en el municipio de Ensenada, éstas no cumplen con lo establecido en la normatividad (leyes, reglamentos, planes, programas y demás aplicables) que rigen al municipio de Ensenada.

Al conocerse esta disposición se buscó al alcalde Pelayo para que explicara por qué no había decidido cerrar la planta regasificadora, pero respondió que tenía algo más importante que hacer en Tijuana. No obstante, insistió elevando el tono de la voz que él sí hará cumplir la ley, que el cierre de Sempra es un hecho, pero hay que esperar los tiempos.

Además, por separado, su coordinador de gabinete, Noé Rivera, refirió que el martes pasado acompañó a Enrique Pelayo a la fiesta de cumpleaños de Jorge Hank Rhon en Tijuana. Durante la celebración se acercó al alcalde una persona de nombre Álvaro Rodríguez Tirado, socio director de la empresa de cabildeo Estrategia Total –propiedad de Fernando Lerdo de Tejada, ex vocero de Ernesto Zedillo en Los Pinos– y dijo ser representante de Sempra.

Rivera confió a sus allegados que Pelayo no atendió a Rodríguez Tirado a pesar de ser conminado por Hank Rhon para que lo escuchara. El alcalde le dio instrucción a su coordinador de gabinete para que conversara con el empleado de Sempra, quien, según versión de Rivera, mandó decir al alcalde que no moviera el tema Sempra Energy porque goza del respaldo de célebres políticos priístas, del gobierno federal y de la asesoría del despacho de Antonio Lozano Gracia y asociados.

Anoche en Ensenada se advertía que el cierra de la regasificadora podrá ocurrir en cuestión de días.