Al suspenderse ayer la sesión ordinaria, la Cámara de Diputados no pudo dar entrada al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que reforma los artículos 20, 21 y 73 de la Constitución, para facultar al Congreso a expedir una ley que sancione la trata de personas.

El dictamen también incluye la obligación de los gobiernos de los estados a coordinarse con el federal para reportar la comisión de ese delito, y también protege los derechos de las víctimas de explotación sexual o laboral, mediante el resguardo de su identidad y de otros datos personales.

Ayer, al inicio de la sesión, el coordinador del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez, cabildeó con su contraparte del PRI, Francisco Rojas Gutiérrez, el voto de la bancada tricolor para lograr las dos terceras partes de los sufragios necesarios para la reforma constitucional.

Incluso, por la mañana el presidente de la comisión, Juventino Castro y Castro (PRD), informó en conferencia de prensa los alcances de la modificación. Detalló que si bien el delito se persigue de manera parcial por algunos códigos penales, el facultar al Congreso para legislar en la materia será el primer paso para tipificar el ilícito y emitir una nueva ley.

El jurista explicó que si bien hay una iniciativa del presidente Felipe Calderón sobre el mismo tema, con los cambios que aprobará la Cámara se podrá también tipificar el delito de trata de personas en el Código Penal Federal, y para que se persiga no sólo en el Distrito Federal, sino en todo el país.

La diputada Araceli Vázquez Camacho (PRD), quien presentó la iniciativa, dijo que al dar atribuciones al Congreso para legislar contra la trata de personas, también podrá modificarse el artículo 19 de la ley general contra ese ilícito, para que los jueces puedan imponer prisión preventiva a los presuntos delincuentes, como ocurre en los casos de delincuencia organizada.

Asimismo, ponderó que la reforma incluya, entre los derechos constitucionales de la víctima o del ofendido, el resguardo de la identidad y otros datos personales cuando sean objeto de explotación, como ya ocurre en favor de quienes sufren violación, secuestro o delincuencia organizada.

El dictamen, que será presentado el próximo martes, resalta que el aumento del paso de indocumentados centroamericanos rumbo a Estados Unidos ha contribuido a aumentar la vulnerabilidad de millares de personas, sobre todo mujeres, niñas, niños y adolescentes.