La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que un grupo de policías y militares estaría implicado en una serie de muertes y desapariciones ocurridas en el estado de Nuevo León durante 2010, por lo que llamó a las autoridades a juzgar de manera inmediata a los responsables de dichos actos.

Como parte de una investigación realizada en esa entidad, el grupo internacional de derechos humanos concluyó que ocho asesinatos y más de una decena de desapariciones cometidos el año pasado fueron producto del uso ilegítimo de la fuerza por parte de efectivos del Ejército, la Marina y la policía.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, advirtió que la decisión de no llevar ante la justicia a soldados y policías responsables de asesinatos, desapariciones forzadas y otro tipo de violaciones graves, envía el mensaje de que estos crímenes son tácticas aceptables para combatir el crimen organizado.

Mediante un comunicado urgente, la organización señaló que los familiares de algunas víctimas interpusieron quejas ante las autoridades estatales y federales, que dieron lugar a averiguaciones previas; sin embargo, estos recursos no motivaron que persona alguna fuera juzgada o sentenciada en relación con los delitos.

Según HRW, hubo graves irregularidades en los procesos de investigación, como que en algunas diligencias no se entrevistó a testigos clave, no se visitó el lugar de los hechos y no se cumplieron otros requisitos procesales básicos. Además, los magistrados militares asumieron el control de los casos –en vez de la justicia civil ordinaria– y no habrían impulsado pesquisas serias.

En el documento se expusieron algunos casos paradigmáticos que ponen de relieve los métodos violentos y excesivos de los militares, y la falta de voluntad por investigar los abusos y castigar a los responsables.

El 3 de marzo de 2010, por ejemplo, los esposos Rocío Elías Garza y Juan Carlos Peña Chavarría fueron alcanzados por disparos de soldados durante un tiroteo que éstos sostuvieron con presuntos miembros del crimen organizado en el municipio neoleonés de Anáhuac.

Luego de haber matado a ambos, a pesar de que la mujer les gritó que eran civiles y estaban desarmados, los elementos castrenses colocaron armas al lado de los cadáveres y anunciaron que se trataba de sicarios. El caso fue tomado por la justicia militar, cuyos integrantes nunca tomaron en cuenta los dichos de familiares y testigos.

De igual forma, HRW expuso los casos de Vicente de León Ramírez y Alejandro Gabriel de León Castellanos, asesinados por disparos de militares el 5 de septiembre supuestamente por no haberse detenido en un retén en una carretera de Apodaca.

Otras víctimas fueron Jehú Sepúlveda Garza, desaparecido desde el 12 de noviembre, luego de ser arrestado en San Pedro Garza García, y José Guadalupe Bernal Orzúa, también desaparecido desde el 23 de mayo, cuando salió de casa de su suegra en la ciudad de Monterrey.

México firmó en marzo de 2008 la convención internacional para la protección de todas las personas y contra las desapariciones forzadas, lo que lo obliga a investigar rápidamente cualquier abuso y sancionar a los implicados.

Por ello, advirtió Human Rights Watch, la actuación de las autoridades del estado de Nuevo León pone en duda su nivel de compromiso con estos convenios en defensa de las garantías básicas de los ciudadanos.

De igual forma, la organización internacional recordó que la gran mayoría de los abusos cometidos por soldados contra civiles son juzgados por cortes militares, lo que contraviene de forma directa la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al gobierno del país, en el sentido de que cualquier violación grave debe ser abordada siempre por la justicia civil ordinaria.