Más de 300 académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) externaron al rector, José Narro Robles, su preocupación por la construcción de la supervía poniente. En una carta consideran que es un proyecto que pone en riesgo la sustentabilidad del valle de México.

La misiva, apoyada con las firmas de más de 800 alumnos de la máxima casa de estudios, ya le fue entregada a Narro Robles. En ella manifiestan, de manera formal, el rechazo a la vía de peaje.

Ya tuvimos respuesta. El rector se manifestó preocupado y se comprometió a coadyuvar en la búsqueda de una solución a este problema que afecta a todo el valle de México, aseguró en entrevista Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología.

El documento fue suscrito por investigadores de 40 dependencias de la UNAM, entre ellas los institutos de Ecología, Ingeniería, Biología e Investigaciones Jurídicas; las facultades de Arquitectura y Ciencias; los centros de Investigaciones en Ecosistemas y de Investigaciones Interdisciplinarias, y la Escuela de Trabajo Social.

Zambrano dijo que se va a realizar un foro universitario, el cual se pretende amplio e incluyente: “Va a ir más allá de la supervía. Va a ser un foro para pensar en cómo debemos manejar la cuenca de la ciudad de México. Se va a invitar a académicos de otras universidades, a organizaciones de la sociedad civil que trabajen temas de conservación del medio ambiente y de movilidad urbana. En el comité organizador ya tuvimos una primera reunión y estamos definiendo fechas”.

Por otra parte, más de 200 vecinos de diferentes demarcaciones, congregados en el Congreso Popular, Social y Ciudadano, se manifestaron ayer por la tarde en el primer cuadro de la ciudad para exigir al gobierno capitalino acepte en su totalidad la recomendación 1/2011 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que entre otros puntos acreditó que la administración de Marcelo Ebrard actuó de forma arbitraria y sin apegarse a la legalidad.

La de ayer no fue la primera expresión en la que se demanda el cumplimiento de los 10 puntos recomendatorios. Hace algunos días más de 120 organizaciones de la sociedad civil se manifestaron en el mismo sentido.

La CDHDF recomendó que, como parte de la reparación de los daños ocasionados por la violación a los derechos humanos (a lo cual sí está obligado el Estado), se debe suspender la obra en tanto no se realice una consulta pública que garantice una participación amplia, plural e informada por parte de la ciudadanía.