Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus subsidiarias se configuran en el gobierno de Felipe Calderón como las entidades federales con mayor daño patrimonial, pues de los 9 mil 634 millones 579 mil 310 pesos que se han impuesto como sanciones económicas a funcionarios públicos que han incurrido en corrupción y otros ilícitos, 83 por ciento (8 mil 10 millones 36 mil 406 pesos) equivale al daño causado a la paraestatal y que, en teoría, se busca restituir con sanción monetaria.

De acuerdo con información obtenida por La Jornada, Pemex ocupa el primer lugar en daño patrimonial y se sitúa en el tercer sitio de las dependencias federales con mayor número de funcionarios sancionados e inhabilitados (231) por incurrir en corrupción y otros ilícitos graves, en el lapso que va del primero de diciembre de 2006 al 29 de noviembre de 2010.

Antes de Pemex se encuentran el ISSSTE, con 324 funcionarios sancionados, y el Superisssste (conformado por las tiendas), con 254. Siguen, en importancia, Caminos y Puentes Federales con 222 y la Secretaría de Educación Pública con 177.

Los 9.6 mil millones de pesos comprenden un universo de sólo 67 sanciones, las cuales representan 88 por ciento del total impuesto a servidores públicos que incurrieron en ilícitos graves en el periodo mencionado, según se desprende de información de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

De las 67 sanciones, 22 corresponden a Pemex, de las cuales 15 fueron por delitos en Pemex-Refinación, tres en Pemex-Exploración y Producción (PEP), tres en el corporativo y una en PMI Comercio Internacional, donde en 2010 se sancionó a María Karen Miyasaky Hara por un fraude de 13 millones de dólares.

En el caso de Pemex-Refinación sobresalen los casos de Luis Ricardo Bouchot y Jaime Mario Willars, apoderado legal y ex director general de la subsidiaria, respectivamente, cuya pena económica por cada caso, aún en litigio, asciende a mil 390 millones 293 mil 765 pesos.

Otros casos relevantes de Pemex-Refinación tienen que ver con un fraude por más de mil millones de pesos en la remediación del río Coatzacoalcos, que involucró a subalternos de Juan Bueno Torio, entre ellos Arturo Díaz Arzola, con tres sanciones que suman 432 millones 840 mil pesos; Celedonio Hernández García, tres que arrojan 492 millones 840 mil; Jorge Federico Reyes Guerrero, 250 millones; Pedro Calzada Juárez, 221 millones; Jorge Manuel Fregoso, 100 millones, y otros.

En PEP, los tres funcionarios, Manuel de Jesús Treviño, Roberto Manrique Olmos y Teodoro Alfredo Valenzuela, fueron sancionados, cada uno, con multa de 10 millones 100 mil pesos.

A la fecha, los casos emblemáticos de los llamados peces gordos continúan siendo el del ex titular de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, quien si bien fue inhabilitado 20 años de la gestión pública, durante la gestión de Vicente Fox, su caso sigue en tribunales, porque no ha restituido el daño que presuntamente causó a Pemex: mil 421 millones 149 mil 746 pesos.

Sigue en importancia el caso del ex titular de Pemex, Raúl Muñoz Leos, con 862 millones 259 mil 471 pesos de sanción y un monto igual del ex asesor legal de esa empresa, Juan Carlos Soriano Rosas, sigue en juicio.

De acuerdo con la SFP, son 12 las dependencias que encabezan los casos de corrupción e ilícitos graves con un total de 2 mil 31. En la lista, además de los mencionados, después de la SEP, sobresalen por el número de funcionarios implicados la Policía Federal, con 154 casos; el Instituto Mexicano del Seguro Social, 145; Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, 134; Servicio de Administración Tributaria, 134; Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, 113; Secretaría de Comunicaciones, 83, y Comisión Federal de Electricidad, 60.