Madrid, 25 de enero. La polémica ley antidescargas para luchar contra la piratería en Internet en España, que tanto ha encendido a los internautas de ese país, se llevó por delante al realizador Álex de la Iglesia, presidente de la Academia del Cine.

A punto de celebrar el próximo 13 de febrero la gala de los Premios Goya, los más importantes del cine español, el director de Balada triste de trompeta anunció que dejará el cargo, tras haber hecho verdaderos esfuerzos por mediar entre creadores, industria, internautas y políticos para lograr una norma favorable para todos.

Después de la gala, dimito como presidente, manifestó De la Iglesia (Bilbao, 1965). Su gestión expiraba en 2012.

El anuncio del presidente más popular en la historia de la Academia del Cine español –el año pasado logró el regreso de Pedro Almodóvar a los Goya y consiguió que por primera vez la gala se celebre en el teatro Real– llegó pocas horas después de que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lograra el lunes por la tarde un acuerdo con el Partido Popular (PP), de Mariano Rajoy, y con Convergencia i Unió (CiU) para sacar adelante la polémica medida.

La norma antidescargas, conocida popularmente en España como Ley Sinde, por el apellido de su impulsora, la guionista y ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, fue rechazada en diciembre en el Congreso de los Diputados, en un duro golpe para el Ejecutivo.

Pero el gobierno consiguió rescatar uno de sus proyectos más controvertidos en esta legislatura en la negociación con PP y CiU, que habían votado contra en la Cámara baja. Ahora saldrá adelante en la Cámara alta y luego en la baja.

Error, enfrentar a creadores con la red

Lo mejor hubiera sido empezar de cero. Es una ley poco popular. Enfrentar a creadores con la red es el mayor de los errores. Llevo meses intentando conseguir un consenso entre todos y no hemos sido escuchados por los políticos. Esta ley no es la solución, aseguró De la Iglesia sobre un texto defendido por artistas como Alejandro Sanz.

España, donde la descarga de contenidos sujetos a derechos de autor es ilegal, pero no un delito, está considerada una de las naciones vanguardia en lo que a piratería en Internet se refiere. La industria cultural asegura estar perdiendo millones de euros en ventas y derechos de propiedad intelectual.

Sólo cuatro películas españolas superaron el medio millón de espectadores el año pasado en las salas de cine del país, según el Ministerio de Cultura. Y muchas voces de la industria lo achacan a la facilidad con que las películas se pueden descargar de Internet.

Según un informe de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés), el país duplica la media de Europa en descargas ilegales de música (45 frente a 23 por ciento). Y las ventas de música en España cayeron el año pasado en 22 por ciento, frente a 9 por ciento de media mundial.

En el otro lado se sitúan quienes se quejan de que los costos de los derechos de autor en España son hasta tres veces más altos que en otros países europeos y quienes consideran que el cierre de páginas web atenta contra los derechos de los usuarios.

De la Iglesia llegó al frente de la Academia en 2009, después de que su amiga González-Sinde dejara vacante el puesto para irse al gobierno de Rodríguez Zapatero. Y desde ahí ejerció de mediador en la polémica de la ley antipiratería.

“Comencé reconociendo que bajaba películas, sobre todo porno, y sentó fatal a los distribuidores, a los exhibidores y toda la profesión en general. Incluso me llamó mi madre. Esas declaraciones adolescentes me llevaron a reunirme con ellos y entender su punto de vista”, explicó hoy.

Encontró punto en común con todos los implicados. Nadie estaba en favor del todo gratis, estaban de acuerdo en reconocer los derechos (y obligaciones) del autor frente a su obra, y a todos les parecía correcto buscar una manera ágil y eficaz de hacerlo, dijo.

Por mi parte reconocí que el modelo de mercado necesitaba ser ampliado y corregido, que la oferta legal no era suficiente, y que compartir archivos con libertad era algo inamovible y deseado por todos, añadió. Ahora ha podido con él el resultado plasmado en la norma, que según se escucha no convence a internautas ni a creadores.

La norma creará una Comisión de Propiedad Intelectual que podrá tramitar denuncias y proponer al juez el cierre de páginas web que concedan sin autorización contenidos sujetos a derechos de autor (música, películas, videojuegos o software). Ese cierre podrá materializarse en un plazo de entre 15 y 17 días.

Los cambios respecto al texto rechazado en diciembre en el Congreso de los Diputados son pocos. El juez tendrá que autorizar el cierre de páginas, pero también ubicar a las infractoras, una vez que lo pida la comisión.