El descubrimiento de 50 obras de construcción, cuyos licencias fueron obtenidas con documentación presuntamente falsa, es apenas la punta de la madeja de esa problemática, afirmó Mayer Klip Gervitz, director del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (Inveadf).

En entrevista con este diario, el funcionario señaló que fue la labor de los verificadores de la instancia a su cargo la que permitió detectar dichas anomalías en las licencias de construcción de diversos inmuebles en zonas como el Pedregal, San Jerónimo, Olivar de los Padres y Lomas de Guadalupe.

Explicó que al realizar las verificaciones se detectaron certificados de derechos adquiridos expedidos en 1990, en los que se dice que en un terreno determinado, el titular puede construir un edificio o un centro comercial.

Sin embargo, al consultar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal o la delegación política correspondiente, no validan dicho certificado, pues no existe, por lo que en ese momento se presume que hay una irregularidad con la citada obra.

Agregó que se trata de actos de corrupción para sembrar documentos falsos, que consisten en que un empresario pacta con un funcionario de determinada dependencia o delegación política, incluir en sus expedientes papeles apócrifos.

Luego de esto, el interesado solicita una copia certificada de su expediente, y una vez que lo ha obtenido regresa con el funcionario para pedirle que saque el documento falso y lo destruya, y con base en la copia certificada que se entregó informa a las autoridades que va a empezar a construir en el terreno marcado.

Klip Gervitz señaló que las verificaciones a las obras de construcción van a continuar para evitar esas prácticas. No sé si hay más o no, pero estamos empezando, y vamos a recorrer toda la ciudad, advirtió.

El director del Inveadf dijo que en los primeros cinco meses de funcionamiento del organismo se ha logrado romper con el paradigma de que verificar es sinónimo de corrupción, pues en todo este tiempo no se recibido ninguna queja respecto de intentos de extorsión por parte de los verificadores. Son profesionales con un muy buen sueldo (27 mil pesos mensuales), que cuidan el trabajo y que saben que pueden ir a la cárcel, de ser sorprendidos en actos de corrupción”.

Resaltó que de las casi 18 mil diligencias que ha realizado hasta ahora el instituto, sólo en 598 casos se ha emitido orden de clausur y en 350 más de suspensión, principalmente por violaciones al uso del suelo.