Blanca Velázquez Díaz, coordinadora del Centro de Apoyo a los Trabajadores (CAT), recibió el pasado 14 de enero una amenaza de muerte por correo electrónico, debido a su labor en defensa de los trabajadores que laboran en compañías maquiladoras de ropa y autopartes, asentadas en Puebla, por lo cual ya solicitó medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Luego de participar en la misa que se realizó ayer en recuerdo de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos, la activista señaló en entrevista con La Jornada que las amenazas se deben a la labor que ha realizado el CAT desde hace 10 años en defensa de los derechos laborales, y en favor del empoderamiento de las mujeres.

Hemos sido sujetos de abuso, persecución e intimidación por haber denunciado las condiciones de los trabajadores de Johnson Control, empresa estadunidense que fabrica asientos y puertas de automóvil para marcas trasnacionales como BMW, Ford o Nissan, explicó Velázquez.

Los activistas del CAT ya habían sufrido antes varios actos de intimidación a cargo de miembros de la Confederación Regional Obrera de México (CROM), desde agresiones físicas hasta secuestros y robos de sus oficinas, como el ocurrido el 20 de diciembre de 2010, en el que fue hurtado todo su equipo de cómputo, y se dejó el mensaje anónimo No saben con quién se meten.

La amenaza más reciente ocurrió el pasado 14 de enero, cuando los integrantes del colectivo sufrieron la intervención de sus cuentas de correo electrónico, y Velázquez recibió un mensaje con una nota periodística sobre el secuestro de Digna Ochoa, con el vínculo a otra sobre el asesinato de la abogada veracruzana.

Esto ha impactado sicológicamente a los miembros del CAT. Hay preocupación y miedo, porque estamos en la total indefensión. Ya pusimos una denuncia por el saqueo de nuestras oficinas y ahora por las amenazas, pero al principio ninguna autoridad quería escucharnos ni mandar servicios periciales para iniciar la investigación, lamentó.

Ante la falta de respuesta inicial de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, Velázquez presentó una denuncia de hechos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y solicitó medidas cautelares a la CNDH.

También se nos acercaron representantes de Naciones Unidas, y estamos en coordinación con compañeras de otras organizaciones, quienes nos están dando acompañamiento jurídico. Si la CNDH no nos hace caso, también vamos a acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, anunció.

A pesar de las amenazas, seguiremos haciendo nuestro trabajo, pero queremos que se garantice nuestra seguridad. El gobierno de Mario Marín ya se va, pero tiene responsabilidades en esto, y los responsabilizamos a él y al gobierno federal de cualquier amenaza o represalia.