La oposición se niega a debatir, se justifica el mandatario venezolano
Sábado 22 de enero de 2011, p. 21
Caracas, 21 de enero. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, retiró su oferta de derogar la ley de poderes especiales para legislar por decreto durante 18 meses, al señalar que la oposición no respondió adecuadamente a su propuesta de conciliación política.
No voy a devolverles la Ley Habilitante, están muy equivocados. Ellos se niegan a debatir porque se quitan la máscara de voceros de la burguesía
, dijo.
Chávez señaló que extendió la mano a la oposición con una propuesta de recortar la duración de los poderes especiales, para incentivar el diálogo, pero la respuesta fue que proponían la derogación inmediata de la ley.
El mandatario venezolano lanzó el 15 de enero a la oposición una propuesta de conciliación política, aprovechando la presentación a la Asamblea Nacional de su mensaje sobre la gestión de gobierno durante 2010.
Chávez sugirió además recortar la ley de 18 a cinco meses como un gesto de acercamiento a la oposición, que volvió a la Cámara después de cinco años de ausencia por su boicot a las elecciones legislativas de 2005.
Los diputados opositores, que ahora tienen 65 de los 165 escaños, aceptaron la oferta de diálogo pero insistieron en que la ley es inconstitucional y debe ser derogada debido a que excede las atribuciones del presidente.
Chávez defendió la necesidad de los poderes para enfrentar la emergencia por las recientes lluvias, que dejaron más de 120 mil damnificados en el país.
¿Por qué voy a recortar la ley? Yo acepto la crítica, pero vienen éstos y ponen la torta, dicen que la ley es inconstitucional, que tengo que devolverla. No voy a devolver la Ley Habilitante, la necesito para atender la emergencia, el pueblo la necesita
, repitió.
Chávez pidió poderes especiales por un año pero la Asamblea, que terminó el 4 de enero, en la cual el oficialismo tenía mayoría absoluta, la aprobó por 18 meses.
La legislación provocó un roce con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, quien advirtió que la medida atenta contra la Carta Democrática Interamericana, aunque posteriormente suavizó sus críticas.