La oleada de violencia y asesinatos cometidos por el crimen organizado en el país son muestra de la falta de rumbo del Estado, que a la fecha adolece de una estrategia de seguridad participativa y democrática en la que el respeto a la dignidad humana incluya la atención al desempleo, a la salud, la pobreza e incluso a las catástrofes naturales, entre otros factores que tienen que ver con una visión amplia de la seguridad y el respeto a la integridad humana, afirmó el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga Valenzuela.

En entrevista con La Jornada, cuestionó las medidas populistas de los actores políticos del gobierno federal, así como la cerrazón que han mostrado hacia las propuestas de las organizaciones sociales y de la ciudadanía, lo cual ha derivado en un incremento de la intervención militar y de las fuerzas policiales sin rendir buenos frutos.

Arriaga Valenzuela destacó que a los altos índices de criminalidad se suma la impunidad, las graves deficiencias del sistema de procuración de justicia en el país, la falta de investigaciones adecuadas y de labores de inteligencia, el alto número de casos de violencia por bandas criminales y de homicidios y otros fenómenos que afectan cada vez más la vida cotidiana de los mexicanos.

Estos acontecimientos son motivos de sobra para que persista en la ciudadanía una fuerte percepción de inseguridad. Por ello se exige una actuación más decidida del gobierno federal, el cual no ha logrado obtener el consenso social para la adopción de las medidas idóneas, sostuvo.

Aún más: a los homicidios, secuestros, asesinatos y otros actos criminales las autoridades federales han respondido con una frágil estrategia que, aun cuando en los diálogos por la seguridad prometieron corregirla, se han limitado a escuchar planteamientos de diversos sectores, sin cambio de rumbo en la materia.

Luis Arriaga Valenzuela advirtió que las propuestas emanadas del gobierno federal o locales, como el endurecimiento de penas corporales o el aumento de ellas, el reforzamiento de los cuerpos policiales con armamento y equipo, y la intervención militar, entre otros, no tendrán efectos positivos si no se acompañan con la prevención y medida de tipo económico, político y social.

Se debe replantear la estrategia de seguridad bajo un esquema en el cual la seguridad sea concebida como un derecho: el diálogo entre ciudadanos y gobierno no debe ser una simulación. Es necesario propiciar que las comunidades y la sociedad tengamos mayor participación en la definición de políticas públicas, planteó Arriaga.

El dirigente de Pro Juárez destacó que la seguridad es sinónimo de condiciones para que las personas y sociedades florezcan sin amenazas. Por ende, son indispensable estrategias con visión holística que abarquen desde un modelo económico que favorezca la creación de empleos y la cobertura de los mínimos necesarios en educación, salud, alimentación, hasta procesos democráticos de participación para resolver amenazas que trascienden el ámbito comunitario y ponen en riesgo la dignidad humana y la vida en sociedad.