Autoridades agrarias pidieron a comuneros de Tlacoapa, Malinaltepec, Zapotitlán, Iliatenco y San Luis Acatlán, y a la Policía Comunitaria de la Montaña de Guerrero presenten una denuncia formal en contra de las investigaciones que realizan en sus tierras las empresas mineras Hochschild Mining y Camsim, con la finalidad de resguardar sus derechos.

Nuestra función es proteger a los campesinos para que las empresas o cualquier interesado en invertir en los ejidos y comunidades no se aprovechen de ellos, pero no podemos actuar si no hay petición de parte, dijo el procurador agrario, Rosendo González Patiño.

–¿Qué opina de los desarrollos mineros autorizados por otras instancias del gobierno federal, sin considerar a las autoridades agrarias?

–Hay varios desarrollos de minas en Sonora, Chihuahua, Durango y Veracruz, donde el campesino juega un papel muy importante porque es socio y hay claridad en el beneficio que recibe.

–Pero en el caso de la Montaña de Guerrero y en esas comunidades de la costa guerrerense hay desconcierto y disgusto, porque no se les ha informado a profundidad de los planes de las mineras.

–Estamos en la mejor disposición de asesorarlos y ayudarlos. No conozco el caso, voy a revisarlo y después haré mis comentarios –sostuvo.

Las autoridades agrarias anunciaron, en el segundo año de esta administración, la creación del Fomento a la Inversión Pública y Privada (FIPP) con el cual, aseguraron desde entonces, se dará a la tierra rural usos más eficientes y productivos conforme a su vocación. Se protegerá la propiedad de los campesinos y fomentará la coinversión, no se pretende fomentar la venta de las tierras.

El año pasado, según informes de la Procuraduría Agraria, 188 núcleos agrarios, que involucran una superficie de un millón 144 mil 563 hectáreas se interesaron en llegar a un acuerdo con 115 inversionistas del ramo minero.

En el informe de avances del sexenio 2008 a junio de 2010 sobre el FIPP, se habían formalizado mil 123 proyectos de inversión en las ramas minera, agropecuaria, turística, industrial, ecológica, servicios y equipamiento urbano e infraestructura, con una inversión total de 64 mil millones de pesos y un beneficio comprometido para 93 mil 427 ejidatarios por 5 mil 87 millones de pesos.

Hasta esa fecha se habían entregado mil 381 millones de pesos a los campesinos y celebrado 2 mil 63 contratos.

Según dicho informe, se tenían registrados 59 proyectos mineros desde la extracción de material pétreo hasta la explotación de diversos minerales, en 21 estados, que involucran una inversión comprometida por 351 millones 405 mil 189 pesos, que abarcan una superficie de poco más de 11 mil hectáreas y a 11 mil 460 campesinos.

El mayor número de acuerdos ya comprometidos se localizan en los estados de: Durango, con siete; Chihuahua, seis; Chapas, cinco; Coahuila, cuatro; Guanajuato, cuatro; Oaxaca, Zacatecas y San Luis Potosí, tres cada uno; Baja California, Sinaloa, Aguascalientes, estado de México y Guerrero, dos cada uno. En Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Colima y Baja California, se tiene consignado uno en cada entidad.

Entre las empresas firmantes para proyectos de explotación minera de alto impacto o de extracción de oro y otros minerales están Linear Gold, en Chiapas; Coeur Mexicana, Planet Gold y Minera Piedra Azul, en Chihuahua; GSC Minings, en Jalisco; Nayarit Gold de México, en Nayarit.

La Procuraduría Agraria asentó que en este año se formalizaron en total 570 proyectos con una inversión aproximada de 30.1 millones de pesos para beneficio de 79 mil ejidatarios.