La filtración de más de 250 mil cables diplomáticos confidenciales del gobierno de Estados Unidos a través de Wikileaks demostró que los sistemas informáticos del cuerpo diplomático de ese país son vulnerables, y no hay tribunal ni código penal que puedan juzgar la legalidad o ilegalidad de la revelación de los documentos, destacó la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai), María Marván.

En entrevista con La Jornada, la ex titular del Ifai indicó que tal filtración no tiene parangón en términos jurídicos, ni del derecho a saber y respecto de la libertad de expresión: para el derecho internacional, plantea un nuevo dilema.

Incluso, estimó difícil acusar a Julian Assange, fundador de Wikileaks, de abusar de la libertad de expresión o de violar el acceso a saber, pues aunque se violó la protección de la información, en esencia, dijo, es un asunto de seguridad informática.

Por lo demás, el australiano se ha amparado en la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que niega al Congreso la posibilidad de avalar alguna ley que coarte la libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información, aunque se avalan reservas de información por sus implicaciones.

Difícilmente, la Corte de Estados Unidos podría fallar contra la Primera Enmienda. Por eso lo buscan bajo un supuesto delito sexual, para desligarlo del problema, expresó.

Marván agregó que aun cuando el gobierno estadunidense acuse a Wikileaks de ser una amenaza internacional, al derecho y al honor, sólo podría juzgar a su fundador por haber jaqueado su sistema informático. “El dilema es que, por su difusión en Internet, la información es omnipresente. ¿Con qué leyes, de qué país, en qué lugar se juzga? ¿Donde está el servidor, el hacker o donde está Assange?”, planteó.

Recordó, además, que los cables diplomáticos son públicos. No debemos olvidar que toda comunicación de un servidor público (incluidos los mensajes de correo electrónico) que pasa por un medio gubernamental es pública.

En términos de la ley modelo de acceso a la información, elaborada por la OEA, los cables diplomáticos, aunque sean confidenciales tienen carácter público. “Pero por la forma en que se abordan los temas, al grado de indignar a los países, es que merecen las reservas más largas en el mundo –de hasta 40 años– para evitar que las comunicaciones lastimen a éstos.”

En Estados Unidos, recordó, los plazos de reserva alcanzan hasta 99 años, y hay cierta información que podría clasificarse para siempre, aunque un nuevo presidente decida al final difundir los documentos.

El punto, dijo, es que se ha divulgado información presente que aún no cumplía su tiempo de embargo. El caso contrario sería que se dieran a conocer documentos de hace 40 años, como ya sucede en Washington respecto del movimiento del 68 en México.

Muchos papeles de lo que la embajada de Estados Unidos en México comunicaba a su gobierno, durante la matanza del 68 ya son públicos. Precisamente, para eso envía a sus embajadores: para que dentro de los márgenes de la ley transmitan el pulso político del país donde están, dijo.

Lo cierto es que las revelaciones de Wikileaks sorprendieron al mundo en tres aspectos: El sistema electrónico que transportaba esas comunicaciones en la Internet es vulnerable; se trata de una filtración masiva, porque abarcó todas las embajadas de Estados Unidos, y constituye información absolutamente presente.