El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elige hoy a su nuevo presidente, donde Juan N. Silva Meza se perfila para convertirse en el sucesor de Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. De confirmarse lo anterior, Silva Meza se convertiría en el primer juez especializado en materia penal en ocupar el máximo cargo en el Poder Judicial de la Federación.

Por primera vez desde la reforma constitucional de 1994, el pleno del máximo tribunal está incompleto (desde la muerte de José de Jesús Gudiño Pelayo en septiembre del año pasado), por lo que serán 10 ministros en lugar de 11 los que elijan a quien presidirá la Corte durante los próximos cuatro años.

Silva Meza fue el único que cumplió con el requisito –fijado en el reglamento interno del pleno de la SCJN– de oficializar su candidatura a la presidencia de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de entregar un plan de trabajo.

No obstante, con criterio inexplicable, el pleno decidió en diciembre pasado que la presentación del plan de trabajo no era condición indispensable para buscar la presidencia; es decir, la elección de Silva Meza no era un hecho consumado.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, Fernando Franco podría ser el candidato alterno de aquellos que ven en Silva Meza a un ministro demasiado liberal, independiente y honesto para un cargo de esta envergadura.

Particularmente, señalaron, para una Corte que analizará entre otros asuntos importantes en este 2011 una serie de controversias constitucionales que tienen que ver con reformas a la Carta Magna en varios estados del país en los que se estipuló que las entidades tutelan el derecho a la vida desde la concepción y restringen la posibilidad de que las mujeres aborten, aun cuando su embarazo sea el resultado de una violación.

En su plan de trabajo, Silva Meza dejó en claro que de llegar a la presidencia impulsará la independencia judicial en todas sus expresiones; además pugnará por hacer eficientes la tutela y expansión de las garantías fundamentales de la población, tomando en cuenta con mayor recurrencia los instrumentos del derecho internacional en materia de derechos humanos.

Se descartan Olga Sánchez, y José R. Cossío y Sergio Valls

Por otra parte, en forma pública y privada, quienes parecían ser serios contendientes a la presidencia se fueron descartando antes de las vacaciones de fin de año.

El primero fue José Ramón Cossío Díaz, quien en una controvertida carta anunció a sus compañeros que no buscaría presidir la Suprema Corte, pues para él era más importante la tarea jurisdiccional y no la administrativa que representaba presidir la SCJN; después, Margarita Luna Ramos aseguró en entrevista que no aspiraba al puesto.

Fernando Franco, por su parte, aseguró a algunos de sus compañeros que, por esta ocasión, él no aspiraba al cargo y dijo que se hacía a un lado en este proceso de elección.

Olga Sánchez Cordero y Sergio Valls también han hecho saber que no contenderán por el cargo. Sergio Aguirre Anguiano está descartado pues termina su encargo en 2012; en tanto Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar tienen poco más de un año co-mo ministros, lo que reduce sus posibilidades.

Trascendió que además de su propio voto, Silva Meza cuenta con los votos seguros de Olga Sánchez Cordero, Sergio Valls, Margarita Luna Ramos y Arturo Zaldívar, para un total de cinco.

Los informantes no descartan que Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Fernando Franco (siempre y cuando no presente su propia candidatura) voten también en favor de Silva Meza.

Queda pendiente conocerse el sentido del voto de Sergio Aguirre, José Ramón Cossío Díaz y Luis María Aguilar.

En el caso de Silva Meza se trata de juez de carrera; recorrió toda la escala de la carrera judicial y fue electo en 1995 ministro del máximo tribunal, después de la reforma constitucional de 1994.

En muchas ocasiones no ha formado parte de la mayoría, particularmente cuando la Corte analizó la violación grave de garantías constitucionales en los casos de San Salvador Atenco, Oaxaca y la Guardería ABC.

En los tres casos consideró y votó en el sentido de que los gobernadores Enrique Peña Nieto, Ulises Ruiz y Fernando Bours eran responsables directos de la violación grave de garantías.

En el caso Lydia Cacho, también señaló que el gobernador Mario Marín era responsable de violar gravemente las garantías de la periodista.

Silva Meza votó en su momento en favor de los derechos de las mujeres en el Distrito Federal para interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas y también avaló, sin cortapisas, el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio.

En su momento, Silva Meza se quedó solo cuando la primera sala de la Suprema Corte determinó –en el marco del juicio seguido en contra del ex presidente Luis Echeverría por la matanza del 10 de junio de 1971– la prescripción del delito de genocidio y la no aplicación retroactiva de la ley en contra de quienes cometieron ese acto antes de 1982.

En aquella ocasión, la sala rechazó su proyecto de dictamen que proponía la aplicación retroactiva del Convenio para la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, por considerar que el genocidio era un delito de especial gravedad, cuyas víctimas merecen la protección universal.