n todas partes se cuecen habas y esta vez ocurre en Estados Unidos, tan dado a criticar la calidad del agua de las ciudades de México. El Environmental Working Group, que se dedica al estudio de sustancias químicas que contaminan el medio ambiente, ofreció información que muestra cómo en 31 ciudades del vecino país el agua potable contiene cromo hexavalente, compuesto químico que puede ser, entre otras cosas, cancerígeno al inhalarse o digerirse. Los estudios de esta agrupación levantaron la alarma en el sector salud del vecino país, pues se suponía que en las ciudades el agua era de calidad. El cromo hexavalante se utiliza, por ejemplo, en el cromado, los plásticos y colorantes y puede llegar hasta los mantos freáticos de los que se abastecen las poblaciones.

Al conocer el estudio sobre el líquido en las 31 ciudades, la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés) anunció que establecerá límites mínimos de presencia de cromo hexavalente en el agua para evitar daños a la salud de la gente. Seguirá en este sentido a California, el estado que cuenta con las normas más estrictas para evitar la presencia de químicos en el agua que consume la población. O en la agricultura, aunque no se cumplan siempre.

En efecto, dicho grupo de investigación ha denunciado la dimensión del uso de los agroquímicos en los cultivos estadunidenses. No sólo su efecto negativo en la naturaleza, sino en la salud de quienes trabajan como jornaleros o consumen productos con residuos de plaguicidas, entre otras fórmulas químicas aplicadas para mejorar su aspecto. Esos jornaleros generalmente son migrantes indocumentados de México y Centroamérica y no gozan de la mínima protección.

También se cuecen habas en México: el gobierno federal expropió finalmente el predio donde de 1958 a 1978 funcionó la empresa de origen alemán Cromatos, la cual afectó gravemente la salud de cientos de personas y contaminó el aire, la tierra y el agua, especialmente de la colonia Lechería, en el municipio de Tultitlán, estado de México.

La lucha por cerrar esa empresa y exigir que ésta pagara a quienes afectó en su salud fue encabezada por los maestros de la escuela La Reforma, al ver cómo el polvo proveniente de Cromatos enfermaba a los niños. En vez de ser escuchados, los profesores recibieron amenazas. Los gobiernos municipal, estatal y federal ignoraron durante años las denuncias. Finalmente, en 1978 Cromatos fue cerrada, dejando en ese lugar decenas de miles de toneladas de desechos tóxicos y peligrosos. Es uno de los peores ejemplos de atentado a la salud pública y al medio ambiente, así como de negligencia oficial.

Precisamente se trataba de cromo hexavalente, el mismo localizado en el agua de varias ciudades estadunidenses. Pero con la diferencia de que en Tultitlán, la concentración de cromo es extrema, un peligro permanente. Esas miles de toneladas siguieron intactas en el predio de Cromatos por muchos años hasta que la autoridad ambiental federal ordenó sacarlas y depositarlas en un sitio seguro. Sin embargo, aún quedan allí 70 mil toneladas, mientras las lluvias y los vientos afectan el manto freático, que sirve, entre otras cosas, para dotar de líquido a las poblaciones de la zona.

Ahora que el gobierno federal expropió el terreno donde funcionó Cromatos, cabe cuestionar la indemnización que prometan los propietarios, quienes cerraron la empresa sin indemnizar a los vecinos afectados ni a los obreros que allí trabajaron y padecen diversos males por su exposición al cromo. Tampoco han pagado al gobierno las decenas de millones gastados por retirar parte de los residuos tóxicos que dejó abandonados. Ni los que falta erogar por mandar el resto a sitio seguro y en tratar de restaurar el sitio.

Vivimos en el sexenio de los absurdos. Se supone que las instituciones del Estado deben garantizar la seguridad y la vida de las personas, como la del sacerdote Alejandro Solilande, amenazado de muerte por grupos criminales, porque brindó protección a los indocumentados. Se publica que, gracias a la señora Margarita Zavala, el sacerdote tiene ya protección federal. Y luego los altos funcionarios niegan que México hoy es un Estado fallido, con un gobierno fallido. Entre otras cosas.