Mazatlán, Sin., 2 de enero. La anterior administración de Sinaloa –encabezada por Jesús Aguilar Padilla– que negoció la compra de predios y reubicó a 800 familias para la construcción de la presa Picachos, no entregó documentación completa ni concluyó el pago de indemnizaciones a los afectados; en cambio, las autoridades federales sí cumplieron sus compromisos, dijo el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege.

El funcionario dio a conocer que se acelerará el proceso de expropiación de la presa, pero antes ser hará una revisión del proyecto, pues hubo un proyecto ejecutivo y un convenio para pagar a las familias perjudicadas.

La expropiación federal forma parte del proyecto, cuyo objetivo es el usufructo del agua para riego y consumo humano; sin embargo, persisten problemas que deberá resolver el recién instalado gobierno de Mario López Valdez –entre ellos las demandas de los comuneros–, a fin de no enfrentar los mismos obstáculos para la construcción de la presa Santa María en el municipio de El Rosario, indicó.

Luege Tamargo, López Valdez y el alcalde porteño Alejandro Higuera Osuna dieron inicio a los trabajos tanto del acueducto de 40 kilómetros que sale de Picachos e irrigará 22 mil 500 hectáreas de los municipios de Mazatlán y Concordia, como de la ampliación de la planta potabilizadora Los Horcones, que garantizará el suministro por más de 25 años.

Ambas obras y la presa Santa María forman parte del proyecto Picachos, que incluye la creación de un distrito de riego para tramitar la aspersión de predios agrícolas y suministrar agua a zonas turísticas, dijo Luege.