Las pocas y muy laxas restricciones para la industria alimentaria que contiene la nueva normatividad para la venta de comida chatarra en las escuelas tendrá una parcial o nula aplicación en las cooperativas cuando entren en vigor la próxima semana con el reinicio de clases, porque ni siquiera han sido difundidas por las autoridades ni se crearon los anunciados comités escolares con padres y maestros para vigilar su aplicación, aseguraron dirigentes de las organizaciones El Poder del Consumidor (EPC), Al Consumidor y El Barzón.

En cambio, algunas empresas ya hasta usan la normatividad para publicitar sus productos –por ejemplo los hay con la leyenda autoridades de salud recomiendan consumir jugos y néctares Jumex– y las que pertenecen a Con México crearon un etiquetado engañoso para recomendar la ingesta de lo que venden, tomándose atribuciones que no les corresponden, denunciaron Alejandro Calvillo, director de EPC, y Daniel Gerhenson, presidente de Al Consumidor.

Los lineamientos para vender alimentos en los planteles de educación básica fueron aprobados en agosto pasado, en vísperas de que comenzara el actual ciclo escolar, pero las autoridades determinaron aplazar su obligatoriedad hasta este año y aplicarlos gradualmente para dar tiempo a las 144 mil cooperativas escolares así como a sus empresas proveedoras, de modificar sus procesos de producción.

La SEP comenzó a enviar información a las escuelas apenas el 20 de diciembre, a punto de que salieran de vacaciones, aseguró Alejandro Calvillo. Muchas escuelas ni siquiera las conocen. Prácticamente nada va a cambiar en las cooperativas escolares este año. Los consejos escolares ni siquiera están integrados ni tendrán facultades para establecer un sistema de alimentación lo más sano posible, dijo Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de El Barzón. Peor situación pronosticaron para las escuelas en zonas rurales y marginadas, más vulnerables ante las empresas por la falta de vigilancia.

Calvillo consideró que no es casual que no conformaran los comités, pues representan la columna vertebral para reorientar los hábitos alimenticios y combatir la comida chatarra dentro de las escuelas. Se trata de un proceso de formación e información que un decreto no resolverá, y del que deben apropiarse padres y maestros, como actores principales, dijo.

Ramírez Cuéllar anunció que el frente Consumidores, al que pertenecen varias organizaciones, emprenderá el 15 de enero una campaña informativa con talleres y pláticas para padres y profesores, a fin de que “establezcan una mínima defensa contra la comida chatarra vigilando que las empresas cumplan la normatividad.

Lo más grave es que México perderá el bono demográfico que tanto presumen las autoridades por la catástrofe en salud pública que ya gestionan con su omisión a velar por el bien común, como es obligación de todo Estado, porque los niños de hoy llegarán obesos y diabéticos a su edad productiva, independientemente del problema presupuestal por los gastos en salud que implica, sentenció Daniel Gershenson.

Insistieron en que la normatividad quedó a gusto del sector privado, debido a las presiones que ejerció contra las secretarías de Educación Pública y de Salud, ya que quedó reducida a recomendaciones.

Al final de cuentas las cooperativas venderán los mismos pastelitos, frituras y bebidas, pero en presentaciones pequeñas, y aunque se recomiende tomar agua no hay bebederos, así que quedan expuestos al consumo de alimentos que habían sido prohibidos en el proyecto original, indicó Calvillo.