Organizaciones de derechos humanos rechazaron las agresiones en contra de los integrantes del Frente Amplio contra la supervía poniente y exigieron al Gobierno del Distrito Federal que deje de utilizar la fuerza pública para impulsar intereses privados y retirar de inmediato los cuerpos de seguridad de la zona ocupada por las autoridades en la colonia La Malinche, delegación Magdalena Contreras.

Entre las organizaciones firmantes están los centros de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Estudios Ecuménicos, el Observatorio Eclesial, El Poder del Consumidor, Colectivos Alas, Alarbo, Al Consumidor y Litiga Ole.

Ante el impulso que se da al proyecto, el Gobierno del Distrito Federal incumple con los compromisos que adquirió en la carta y en el programa de derechos humanos de la ciudad, por lo que las organizaciones exhortaron a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a que a la brevedad emita una recomendación.

Por otra parte, diputados locales y líderes perredistas se sumaron al rechazo del uso de la fuerza pública en contra de los habitantes de la colonia La Malinche y se pronunciaron por privilegiar el diálogo y el consenso con los inconformes.

Los diputados Alejandro Sánchez Camacho (PRD) y Fernando Rodríguez Doval (PAN) reprobaron esos hechos.

Agustín Guerrero, diputado federal del sol azteca, pidió a las autoridades locales “no renunciar al diálogo, ya que, dijo, están obligadas a convencer si es que el proyecto de la supervía traerá un beneficio mayor que los perjuicios que genera”.

Martí Batres, secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal y líder de la corriente perredista Izquierda Social, se limitó a decir: siempre se debe privilegiar el diálogo.