Menos de un mes después de que la Cámara de Diputados aprobó la entrega de vales de medicinas a derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuando no puedan surtir sus recetas, senadores del PAN propusieron hacer una nueva modificación a la ley del organismo para que las cirugías se realicen con particulares cuando el instituto no pueda efectuarlas.

Los legisladores Juan Bueno Torio y Rubén Camarillo Ortega acusaron que actualmente mujeres con cáncer de mama tienen que esperar hasta seis meses para que les extirpen el tumor.

Aseguraron que los derechohabientes se enfrentan a la insuficiencia de la estructura hospitalaria del IMSS; los pacientes están descontentos con el servicio que lamentablemente no es el más adecuado y en muchas ocasiones no se presta por falta de los instrumentos médicos que se requieren para realizar alguna intervención quirúrgica.

Sin embargo, los senadores omiten comentar sobre las razones de tal insuficiencia, algunas de las cuales se mencionan en el informe sobre la situación financiera del IMSS 2010. El documento reconoce que durante este sexenio se redujo en más de la mitad la inversión en equipo médico y mobiliario.

De un promedio de 2 mil millones de pesos que cada año se destinaron entre 2004 y 2006, bajó a menos de mil millones de pesos en 2007 y unos mil 200 millones en 2008. Sólo en 2009 el monto aumentó a 2 mil millones de pesos otra vez.

No obstante, debido a las reducciones mencionadas, las estadísticas reportan un déficit de la oferta de servicios con respecto a la población adscrita a médico familiar (PAMF), al grado de que la demanda de atención supera con mucho la capacidad del IMSS para otorgar este servicio a los pacientes.

El informe presentado por el IMSS al Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión en junio pasado indica que al término de 2009 había mil 844 unidades asignadas a la prestación de servicios médicos y apoyo de los mismos. Las clasifica en clínicas de medicina familiar, hospitales generales y unidades de alta especialidad.

Respecto de los dos últimos, donde se realizan operaciones quirúrgicas, el documento señala que la mayoría de los hospitales generales –227 de 262– tienen una antigüedad promedio de 31 años. En tanto, las 37 unidades del tercer nivel de atención tienen un promedio de 28 años de antigüedad.

En cuanto al estado en que se encuentran clínicas y hospitales, el informe refiere que tres de cada cinco unidades tienen instalaciones y equipos en buenas condiciones, por lo que requieren acciones de mantenimiento preventivo rutinario y correctivo menor.

Por otra parte, dice, en una de cada 22 unidades de primer nivel y en 30 de los 262 hospitales de segundo nivel las instalaciones se encontraron en mal estado. En los servicios de alta especialidad se detectó que su situación está entre buena y regular.

La iniciativa panista presentada el pasado 23 de noviembre en el Senado no incluye ninguna cifra, pero sí enfatiza en que en muchos casos, las citas se difieren por meses por falta de capacidad, lo que provoca que la enfermedad avance y posteriormente ya sea innecesaria la intervención.

También refiere los casos de personas que optan por acudir a servicios médicos privados para salvar la vida. Significa, sin embargo, “un golpe a sus ahorros y muchos casos… deshacerse del patrimonio que con tanto trabajo han logrado”.

En otra situación están las familias que carecen de las posibilidades económicas para solventar un gasto de esta magnitud por lo que tristemente ven en compañía de sus seres queridos amenazadas sus condiciones, oportunidades y calidad de vida.

Por considerar que el derechohabiente no es responsable por la falta de capacidad del IMSS para atender oportunamente su derecho a la salud, los senadores propusieron adicionar un párrafo tercer al artículo 91 de la Ley del Seguro Social, en el que se abre la posibilidad a que las cirugías se realicen con particulares en los términos de las disposiciones que al efecto expida el consejo técnico.