El asesinato de Marisela Escobedo fue un crimen de Estado, pues autoridades estatales y federales fueron omisas para atender sus demandas y evitar el riesgo al que estuvo sujeta al realizar ella misma las indagatorias para hallar al asesino de su hija Rubí Frayre, aseguraron organizaciones sociales de Chihuahua.

Agregaron que tras su ejecución, la sanción a los tres jueces que absolvieron al asesino confeso es insuficiente y se debe castigar a los responsables de los feminicidios de madre e hija.

Justicia para Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) informaron que meses antes de ser asesinada –frente al palacio de gobierno de Chihuahua, el pasado 16 de diciembre–, Marisela viajó a la ciudad de México para solicitar audiencia con Felipe Calderón y el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, para exponer su caso; sin embargo, los funcionarios se negaron a recibirla.

Veinte días antes de ser ejecutada acudió a la Secretaría de Gobernación, donde relató su situación de vulnerabilidad y riesgos a funcionarios de esa dependencia, y ocho días antes de su asesinato lo hizo con funcionarios del gobierno estatal, sin obtener respuesta ni que se le brindaran medidas de protección.

“De conformidad con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los estándares internacionales en la materia, los Estados son responsables por acción y también por omisión. En este caso, es evidente la falta de políticas públicas para prevenir la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, la negativa para recibir inicialmente la denuncia de desaparición y posteriormente la negativa a buscar a Rubí y activar el Protocolo Alba para localizar mujeres desaparecidas.

Debido a la impunidad en este caso, las ONG demandaron al presidente Calderón y al mandatario estatal, César Duarte, que se investiguen a fondo estos feminicidios, que se publiquen los resultados de la comisión institucional creada hace varios meses para el seguimiento del asesinato de Rubí, que ésta reanude sus trabajos e indague sobre el homicidio de Escobedo a fin de responsabilizar a los funcionarios omisos.

Asimismo, exigieron que se implementen medidas de protección para las integrantes de Justicia para Nuestras Hijas y el Cedehm.