La licitación 21 es tal vez el mayor pendiente, pero no sólo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), sino de los poderes Judicial y Legislativo, así como de Nextel, beneficiaria del manejo que el propio gobierno ha hecho de las leyes y los bienes nacionales.

Con más de 70 solicitudes de amparo, suspensiones o medidas precautorias a cuestas, sólo una se mantendrá vigente, a menos que un tribunal resuelva lo contrario en los próximos días y entonces la licitación de espectro en la frecuencia de 1.7 gigahercios (Ghz) se decante por el reclamo de académicos, legisladores y especialistas en telecomunicaciones de que se anule y se reponga el proceso, o por que Nextel pueda seguir con la explotación de los 30 megahercios (Mhz) de cobertura nacional, por los que pagó 180 millones 300 mil pesos.

La decisión de entregar la ganga a Nextel está en manos del primer tribunal colegiado en materia administrativa, así como la posibilidad de detener el proceso que legisladores, como Javier Corral, han considerado el más impúdico acto de corrupción de este gobierno, o el mayor asalto a la nación, como lo ha llamado el diputado Mario di Costanzo, mientras especialistas de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y consultores han coincidido en señalarlo como el oscuro caso de la licitación 21.

Para mayo de este año, con los procesos de licitación de espectro para las frecuencias de 1.9 y 1.7 Ghz en pleno, en los concursos 20 y 21, respectivamente, la Cofetel ya enfrentaba alrededor de 50 solicitudes de amparo, suspensión o medidas precautorias contra los dos concursos, pero sobre todo contra el 21, debido a que los promoventes, principalmente empresas del Grupo Salinas y MVS consideraron que las bases de licitación estaban diseñadas para beneficiar a la entonces sociedad Televisa-Nextel, debido a que, entre otras medidas, con la imposición de límites de acumulación de espectro se acotó la participación de otros operadores y se dejó el camino abierto a Televisa-Nextel.

A la fecha, entre la Cofetel y la SCT han atendido alrededor de 70 litigios a lo largo de todo el proceso de la licitación 21, la mayoría de los cuales no han prosperado. Grupo Salinas sólo ha conseguido una suspensión provi- sional, que luego no prosperó, y en octubre pasado, después de que la SCT entregó el título de concesión a Televisa-Nextel, en un auténtico sabadazo, obtuvo un amparo de un juzgado del estado de México que recurrieron la SCT, Cofetel y Nextel, ya que el juzgador ordenó suspender los efectos de la entrega del título, lo que equivale a que Nextel, ahora como único propietario, no pueda explotar el espectro.

Recientemente, Grupo Salinas señaló que la definición sobre el futuro de la licitación 21 está en manos del primer tribunal colegiado en materia administrativa. Sin embargo, aseguró que los magistrados Julia María del Carmen García González, Antonio Campuzano Rodríguez y Jacob Troncoso Ávila están bajo la presión de la SCT y la Cofetel, por lo que indicaron que declararán procedente el recurso de revisión del amparo concedido por el juez segundo de distrito de Toluca para dar salida a la licitación 2. Señaló que en el resto de los recursos interpuestos también hubo presión del Ejecutivo hacia los juzgadores.

Para Ramiro Tovar, académico del ITAM, la licitación 21 es uno de los fracasos más grandes de la actual administración, debido a que no cumplió con el fin de promover la competencia y puso en duda que para Nextel sea conveniente desarrollar la red, ante la incertidumbre jurídica que prevalece en el concurso.

En una colaboración para la consultoría Mediatelecom, el abogado Agustín Ramírez señaló que después de tantos litigios y debate sobre la licitación 21, persiste la duda sobre las facultades discrecionales de la Comisión Federal de Competencia (CFC) para imponer límites de acumulación de espectro, ante el caso omiso de la propia Cofetel a las advertencias de uno de sus miembros sobre los riesgos y la seguridad de que Televisa-Nextel no incrementaría su oferta.