Tierra Blanca, Gto., 29 de diciembre. En los primeros cuatro años de la actual administración estatal, encabezada por el panista Juan Manuel Oliva Ramírez, la entidad dejó de recibir alrededor de 480 millones de pesos para el desarrollo de pueblos indígenas por no contar con una ley específica, señaló el delegado regional Querétaro-Guanajuato de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Aurelio Sigala Páez.

En el estado hay casi 25 mil indígenas en 85 comunidades de León, Dolores Hidalgo, Tierra Blanca, Victoria, San Miguel de Allende y San Luis de la Paz. Cada municipio pierde cada año hasta 20 millones de pesos de fondos federales para infraestructura básica por falta de reconocimiento legal a las etnias del estado.

Sigala Páez recordó que apenas este año el Congreso local pospuso el análisis y aprobación de una ley indígena, y si el Poder Legislativo la aprueba antes de marzo de 2011 se podrían rescatar recursos de 2010.

Los ayuntamientos de Tierra Blanca y Victoria tienen en puerta proyectos de agua potable, alcantarillado, electrificación y caminos por 30 millones de pesos, acotó.

Los pueblos indígenas de Guanajuato no han podido recibir fondos de programas federales que maneja la CDI, entre ellos los de albergues escolares, apoyos a la producción, fomento y desarrollo de las culturas, fondos regionales, organización productiva para mujeres, turismo alternativo, conservación de recursos naturales e infraestructura básica.

El 12 de agosto, grupos autóctonos de la entidad presentaron ante el Congreso estatal, con apoyo de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, la iniciativa de Ley Indígena para el Estado, pero no fue dictaminada.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo estatal, Luxana Padilla, informó que la bancada del Partido Acción Nacional planea dictaminar y aprobar la ley en el primer periodo de sesiones.

Entre los problemas que enfrentan estas comunidades destaca que muchos niños y adultos carecen de actas de nacimiento, lo que les impide recibir educación o programas sociales, indicó.