Los niños y adolescentes del país enfrentan un estado de indefensión ya que las autoridades no han sido capaces de garantizar sus derechos básicos, lo que sumado a la normalización de la violencia, la ilegalidad y la clandestinidad hace de este sector presa del crimen organizado, ya sea como víctimas o como parte de las bandas delictivas, aseveró Mónica González Contró, especialista en derechos de la infancia del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

Al hacer un análisis de la explotación y riesgos que enfrentan los menores, la investigadora sostuvo que será más redituable social y económicamente para México contar con un sistema integral de justicia para adolescentes –que incluya la ley federal de justicia para ese sector– que mantener al Ejército en las calles, por lo que demandó acciones oficiales, en particular al Legislativo federal, en ese sentido, y la aprobación de una partida presupuestal para ello.

Cada vez hay una mayor cultura sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente entre ellos mismos, pero cada vez hay mayor exclusión social y vulneración de derechos derivada de muchas causas, en especial de las condiciones sociales y económicas que vive el país, comentó en entrevista.

Pese a que existen normas internas –incluso constitucionales– e internacionales en la materia, que no son garantizadas por el Estado mexicano, lo que atenta contra el verdadero estado de derecho, refirió. Una sociedad que no sabe garantizar las condiciones mínimas de subsistencia de niñas, niños y adolescentes, es un país con graves deficiencias en todos los sentidos.

La académica del IIJ indicó que al ser una nación que no ofrece oportunidades a sus niños y jóvenes, en muchas ocasiones la única salida de éstos es enrolarse en la delincuencia organizada como una forma de subsistencia.

Como país no hemos sabido reconocer que las y los adolescentes están en proceso de construcción de la identidad; pero cuando no se puede construir dentro de los cauces productivos e integrados a la sociedad, se facilita una cultura de identidad desde la ilegalidad, donde los valores se trastocan y donde el pertenecer a una banda da reconocimiento social y una salida.

Para contrarrestar la vulnerabilidad a la que están expuestas la niñez y la juventud mexicanas, González Contró planteó generar la vigencia del estado de derecho, es decir, que se hagan cumplir todas las garantías ya reconocidas.

Es importante aplicar y generar medidas estructurales que realmente cambien las condiciones de las familias. No se puede hacer valer los derechos contra el trabajo infantil y la explotación si no generamos que las familias tengan la capacidad económica, social y cultural para mandar a sus niños a la escuela y satisfacer todos sus derechos y necesidades dentro del mismo núcleo familiar. Se requiere de acciones dirigidas a disminuir la profunda desigualdad que existe en este país y generar las condiciones para que se dé desde las familias y que el Estado pueda entrar subsidiariamente a dar garantía de estos derechos.