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El diagnóstico destaca que los eventuales avances no se verán en el corto plazo

En Juárez las autoridades se alejan cada vez más de la población: enviado del gobierno
 
Periódico La Jornada
Miércoles 29 de diciembre de 2010, p. 8

La crisis social y de seguridad que se padece en Ciudad Juárez está alentada por la indiferencia, la separación de las autoridades con la población y al hecho de que la sociedad ha dejado de exigir sus derechos, dijo Abelardo Escobar Prieto, representante presidencial para el seguimiento de la estrategia Todos somos Juárez. Reconstruyamos la ciudad.

Puesta en marcha a partir del 11 de febrero –tras la ejecución de 12 adolescentes y dos adultos en una fiesta de cumpleaños– la táctica no ha ayudado a frenar los asesinatos de personas en esa ciudad ni en el estado de Chihuahua, considerado el más violento del país.

Respecto a la estrategia, Víctor Quintana Silveyra, ex diputado y asesor del Frente Democrático Campesino de Chihuahua comentó: No ataca de lleno las causas sociales de la delincuencia ni los recursos se han destinado a obras espectaculares sin participación ciudadana.

Durante 11 meses y en diversos foros, Escobar Prieto pidió a campesinos, jóvenes, académicos y trabajadores respaldar al gobierno en sus acciones para volver a fortalecer el estado de derecho en Ciudad Juárez. La lucha contra la delincuencia organizada requiere la participación de los tres niveles de gobierno y, sobre todo, de la ciudadanía. Pero también puntualizó que las acciones en materia de seguridad no se verán en corto plazo, se está actuando con toda la fuerza del Estado y no podemos ceder”. A los empresarios les reclamó su falta de compromiso social para contribuir a un entorno más sano para los hijos de los trabajadores, con principios y valores encaminados a fortalecer las reglas de convivencia y el respeto a la ley.

Sostuvo que Todos somos Juárez. Reconstruyamos la ciudad que aterrizó a pasos acelerados y tomó forma con las propuestas que todos los sectores sociales aportaron en foros de consulta y que se expresaron en 160 compromisos.

Para llevar a cabo dichos compromisos, que cuentan con un esquema innovador por la participación de representantes de la sociedad civil –abundó en diversos comunicados–, se destinaron 3 mil 380 millones de pesos a obras sociales. Afirmó que a través de los consejos ciudadanos se vigila el cumplimiento, en tiempo y forma, de los compromisos en materia de seguridad, economía, trabajo, desarrollo social, salud, cultura, educación y deporte.

En octubre informó que de las 160 acciones, 75 fueron concluidas –aunque no especificó a qué rubro correspondían– y el resto tienen importantes avances. Los empleos formales aumentaron 8.9 por ciento, equivalente a 25 mil 976 plazas creadas en la primera semana de septiembre, 135 mil personas se afiliaron al Seguro Popular, se inauguraron 21 estancias infantiles, se abrieron tres nuevos planteles de nivel bachillerato y se inició el retiro de la circulación de los vehículos sin placas o de procedencia extranjera que no cumplan con la normatividad.