a obra del Metrobús es supuestamente en beneficio de los ciudadanos del Distrito Federal, pues según dicen las autoridades de la ciudad, fortalece la opción del transporte público, soluciona problemas claves de la castigada movilidad de la ciudad de México y abate la generación de gases de efecto invernadero (GEI).

Pero las concesiones a la ruta 2 de la línea 3 del Metrobús no han sido otorgadas a los trabajadores ni a las pequeñas empresas del transporte. Las concesiones para construir son para Cemex, mientras la operación de la línea 3 (por 980 millones de pesos) está 80 por ciento en favor de la empresa de transporte ADO, que la controlará durante los próximos 10 años

Las obras para la construcción apresurada del paradero final de la línea 3 Metrobús se realizan sin una verdadera planificación (porque el paradero final fue originalmente programado en otras dos zonas y apenas se decidió removerla hacia diagonal San Antonio en el último mes), por lo que sólo se cuenta con un estudio de impacto ambiental general e inespecífico. En tanto, las obras del paradero de Etiopía prometen severos problemas de vialidad en calles afluentes a avenida Xola. Como en muchos otras zonas de la ciudad de México, ya se padece el derribo de árboles y palmeras. El modo en que las actuales autoridades de la ciudad aterrizan su proyecto de Metrobús no es coherente con la meta de abatir la generación de GEI.

Como el descontento ciudadano ha sido difundido por medios de comunicación interesados en bloquear la campaña presidencial de Marcelo Ebrard, el Gobierno de la ciudad ha señalando que el descontento no expresa una protesta social auténtica, pues se trata de ciudadanos infiltrados por las manos negras y las camisas azules del PAN.

Acusaciones dolosas con las cuales se pretende soslayar que la realización de la obra ha sido extremadamente desatinada y en ausencia completa de una consulta ciudadana que hoy es obligatoria según La Ley del Medio Ambiente de la ciudad de México.

Quienes buscan panificar la imagen del descontento ocultan que los vecinos movilizados en defensa de sus calles han denunciando públicamente la forma en que el delegado panista en Benito Juárez, Mario Palacios, les ha engañado, los ha dejado de escuchar y los ha abandonado a su suerte en las calles, pues los acuerdos que esta delegación ha hecho en lo oscurito con el gobierno capitalino permitieron a los del PAN desviar el paradero de las calles orientales de Petén y Xochicalco. Esta zona está habitada por diputados, funcionarios e influyentes familiares del integrantes del blanquiazul.

A la protesta ciudadana las autoridades de la ciudad han respondido con el uso de la fuerza desmedida: 600 granaderos contra 80 ciudadanos, que no están de acuerdo con la forma ilegal y con que las autoridades de la ciudad quieren avanzar en las obras. Como no ha ocurrido consulta ciudadana alguna, el supuesto diálogo que han ofrecido las autoridades es con trascabos y grúas que rompen el pavimento mientras la fuerza pública forcejea, cerca e incluso golpea a los vecinos.

La construcción de este paradero de la línea 3 significa el despojo del derecho al lugar en que se vive, en favor de una privatización de las calles para empresas como ADO. En forma muy parecida a lo que ocurre con la construcción de la supervía poniente en la delegación Contreras, lo que se favorece es la construcción de una vía rápida de interconexión entre zonas urbanas ricas, que al estar concesionada a empresas privadas sólo podrá ser usada por quienes puedan pagar cuotas.

El método de no consultar y abusar de la fuerza pública –tan afín a las administraciones públicas del PRI y del PAN– hace rato que viene siendo usado por Marcelo Ebrard. El conflicto en diagonal San Antonio no es el primero en su tipo. Como testimonio están los conflictos de la supervía poniente, la destrucción de las tierras ejidales y recursos hídricos de Tláhuac por la línea 12 del Metro, el asedio a los vecinos de la colonia Irrigación por los megaproyectos de Carlos Slim, los expolios por la construcción de la llamada Biometrópolis en la zona del Ajusco, las obras ligadas a la construcción de megacondominios de lujo y la procuraduría de justicia en Coyoacán, la construcción de numerosas estaciones de gasolina en zonas habitacionales, así como otros conflictos con ciudadanos por la misma construcción del Metrobús.

Indudablemente la ciudad de México requiere una mejora radical de sus enfermas vías de transporte, de la calidad de su aire y de la calidad de su vida, cambio que debe ocurrir, entre otras cosas, privilegiando los medios públicos de transporte por sobre el uso de los automóviles privados.

Pero esa meta no se va a alcanzar nunca si para ello se ponen en primer lugar los intereses de los pulpos privados del transporte, si la administración de las líneas del metrobús se convierte una rebatiña entre empresas privadas, si como resultado de ello se requieren abrir paraderos que permitan a estas empresas repartirse el pastel de las grades vialidades, si no se buscan junto con los ciudadanos los espacios más pertinentes para los paraderos y si las empresas privadas no invierten en comprar terrenos adecuados para sus necesidades de infraestructuras y se ahorran gastos usando las calles –que son el último bien común del que todavía disponen los ciudadanos– como estacionamiento de los transportistas privados, si se aplican autoritariamente la construcción de infraestructuras irracionales, si se brincan las instancias legales y democráticas y si además todo se lo sujeta a calendarios electorales.

La sacudida urbana que hemos vivido en los últimos años no ha sido pensada para favorecer la participación democrática de la ciudadanía ni la verdadera mejora de la calidad de su vida urbana. Por el contrario, todo parece estar siendo pensado en función de los gra00ndes financiadores de los procesos electorales, es decir, los intereses de los grandes grupos del capital y poder.

* Facultad de Economía, UNAM