La Secretaría de Gobernación firmará con las autoridades estatales –en las entidades en las que habrá comicios el año entrante– protocolos de seguridad para tratar de garantizar el buen desarrollo de los procesos electorales.

En estos documentos se definen los operativos de protección a funcionarios electorales y a los ciudadanos que acudan a las urnas, así como el alcance y coordinación de las policías municipales, estatales y la federal.

De igual forma, los tres niveles de gobierno conversan acerca del ámbito de acción del Ejército y de otras fuerzas federales en las siete entidades en donde habrá comicios: Guerrero, Baja California Sur, Hidalgo, Coahuila, estado de México, Nayarit y Michoacán.

Estamos suscribiendo protocolos de distinta naturaleza. En particular, con Guerrero y Baja California Sur (los primeros procesos electorales de 2011) de cuestiones materiales que ya hemos pactado, informó Juan Marcos Gutiérrez, subsecretario de Gobierno de la dependencia federal.

En entrevista precisó que los protocolos se firman en el contexto de mecanismos de diálogo para crear condiciones de neutralidad y gobernabilidad. Además, fortalecer la coordinación y evitar la duplicidad o confusión en las funciones operativas antes, durante y después de la jornada electoral.

El objetivo es que quede muy transparente qué hace cada quien, dijo.

El funcionario aseveró que actualmente en el país hay gobernabilidad –pese a los múltiples hechos de violencia relacionados con la delincuencia organizada– y que este ambiente prevalecerá el año entrante, sin descartar que pueda haber diferencias entre partidos y candidatos, asunto propio –dijo– de las condiciones de pluralidad democrática.

Pese a la inseguridad que priva en diversas regiones del país, el subsecretario Gutiérrez dijo que si bien la delincuencia siempre será un reto para las autoridades, una afectación a la gobernabilidad del país sería cuando fueran tocadas las estructuras esenciales del Estado mexicano y la viabilidad de estados y municipios.

La subsecretaría a su cargo es responsable, entre otros aspectos, de fomentar acciones y programas para el reforzamiento de la gobernabilidad democrática. En este punto, dedican gran parte de los recursos humanos y materiales a desactivar conflictos, como aquellos relacionados con la tenencia de la tierra.

Por ello, según el criterio de Gobernación, no se puede comparar el reclamo de un núcleo agrario como lo que ha ocurrido con La Parota, en Guerrero, con las acciones de presión que utilice un grupo criminal, tal es el caso de los bloqueos a carreteras, secuestros, detonaciones, entre otros métodos.

Esos (como el de La Parota) son conflictos sociales, lo otro que usted me ejemplifica son francos delincuentes metiéndose donde no deben y a quienes estamos combatiendo con toda la fuerza del Estado, dijo.

Ante la delincuencia, agregó, el reto es el uso de la fuerza pública para imponer la ley, el orden y la justicia, lo cual es absolutamente diferente al tema de gobernabilidad.

Hay gobernabilidad, agregó el subsecretario, cuando esas instituciones demuestran que el Estado es superior a las fuerzas que a título de lo ilegal quieren imponer su fuerza violenta. Eso último no tiene nada que ver con una noción auténtica de gobernabilidad.