Ciudad Juárez, Chih., 25 de diciembre. La suspensión de los jueces que absolvieron a Sergio Barraza del homicidio de Rubí Marisol Frayre, hija de la también asesinada Marisela Escobedo, exhibió la subordinación del Poder Judicial y el ocultamiento de fallas oficiales, como la no reaprehensión del homicida confeso de la menor pese a las amenazas contra su madre, la fallida custodia de ésta y el amiguismo con que se integró el sistema de juicios orales en Chihuahua.

Así lo expresaron la Federación Mexicana de Colegios de Abogados y la Barra de Abogados del estado, en una carta abierta donde critican el sometimiento del Supremo Tribunal de Justicia estatal a los poderes Ejecutivo y Legislativo, por suspender sin previa investigación a los tres jueces que absolvieron a Barraza Bocanegra, señalado por la señora Escobedo como autor de las posteriores amenazas en su contra, que precedieron al atentado en que fue ultimada ante el palacio de gobierno.

Angelina Yadira Aguirre Nájera, presidenta de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados de Chihuahua, encabeza la lista de firmantes del documento, formulado luego de que anoche fueron retiradas más de mil veladoras puestas en memoria de Marisela Escobedo alrededor de la sede oficial.

El pronunciamiento critica tanto la suspensión de los jueces a indicación del gobernador César Duarte Jáquez, como el anuncio del presidente de la Diputación Permanente del Congreso local, Fernando Mendoza Ruiz, de que habrá un periodo extraordinario para someterlos a juicio político.

Los abogados consideran muy lamentable el asesinato de la señora Escobedo, pero advierten que en muchos casos las fallas no son de los juzgadores, sino de la ley y se preguntan si de aquí en adelante todo juez o magistrado que dicte auto de libertad o sentencia absolutoria serán suspendidos, desaforados y sujetos a proceso, o inclusive –dado el precedente que se genera– si dictarán tales fallos aún sin probarse la responsabilidad del imputado.

Estamos de acuerdo en que un juez no sólo sea suspendido, sino consignado cuando resuelva por soborno o favoritismo, y tales casos de corrupción deben sancionarse severamente, pero por ningún motivo aceptamos que al no darse estos supuestos se haga escarnio de una autoridad judicial, añade el documento que también firman Martha Camarena Reyes y Teófilo Aguirre Puente, entre otros directivos de barras y colegios de abogados.