l igual que en Italia, donde los estudiantes siguen dando muestras de dignidad en las multitudinarias manifestaciones contra la reforma educativa, en la Universidad de Puerto Rico (UPR) continúan las protestas por la derogación de la cuota de 800 dólares adicionales a las colegiaturas en esta pequeña isla del Caribe, en la que más de la mitad de sus cuatro millones de habitantes viven en el nivel de pobreza.

El gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, reaccionó a la movilización con la toma de las instalaciones universitarias desde el pasado 10 de diciembre, cuando justo después de que concluía un paro estudiantil de 48 horas, la policía entró a los edificios escolares de Río Piedras, rompiendo la política de no confrontación respetada por más de dos décadas.

La reacción del movimiento estudiantil fue el estallido de la huelga general con el apoyo del profesorado. La situación es tensa pero continúan las manifestaciones con el respaldo del resto de los sectores de la sociedad puertorriqueña. La presencia policiaca provocó que la gran mayoría de los profesores se nieguen a dar clases en el interior, por lo que muchos lo están haciendo fuera de la universidad. El 11 de diciembre, un día después de la toma, la prensa reportó la presencia dentro de las instalaciones universitarias de más policías que de estudiantes. Posteriormente, se llevó a cabo una multitudinaria marcha en el Viejo San Juan apoyando los reclamos estudiantiles y la salida de la policía.

El pasado 20 de diciembre, los estudiantes irrumpieron en un salón de clases donde se llevaba a cabo un examen. La policía y la fuerza de choque intervinieron y arrestaron al menos a dos estudiantes. Las manifestaciones continuaron y la policía emprendió la golpiza de estudiantes, hiriendo a seis y arrestando a 17.

La mecha que encendió la protesta estudiantil fue el anuncio del incremento de 800 dólares anuales en las colegiaturas a partir de enero de 2011, con la finalidad de reducir el déficit presupuestario. “Este aumento –señalan los comités estudiantiles– provocaría que unos 10 mil alumnos, en especial aquellos provenientes de familias pobres y asalariadas, no puedan asistir a una universidad, que se supone debería ser accesible para todos los habitantes de la isla”.

La fuerza en estos momentos es de los estudiantes. La huelga ha conseguido la movilización de 95 por ciento de ellos y se ha extendido a otras ciudades de la isla. ¡Tú dices que esta huelga es ilegal, pero ni tú ni nadie la va a parar!, gritan en las calles, a pesar de la represión abierta de la Policía Nacional y sus infructuosos intentos por contenerlos.

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