San Cristóbal de las Casas, Chis., 20 de diciembre. Se siguen acumulando denuncias de amenazas, allanamientos y hostigamientos a defensores de derechos humanos que laboran en las regiones indígenas de Chiapas.

Ahora, mientras el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) denunció agresiones contra colaboradores suyos, de manera casi simultánea pobladores choles del municipio de Tumbalá informaron que la activista Claudia Díaz Moreno recibió amenazas y ha sido objeto de hostigamiento policiaco por órdenes de la delegada de la secretaría de Gobierno, Ana del Carmen Valdivieso, y la presidenta municipal Mercedes Guadalupe Solís Sánchez, perteneciente al PAN y Paz y Justicia, especifican.

El CDHFBC dio a conocer que Julio César Pérez Ruiz, del comité de ex presos políticos Voces Inocentes, y el médico José Alejandro Meza, de la Red de Personal Médico y de Salud Mental para la Atención a Sobrevivientes de Tortura, colaboradores externos del Frayba, fueron objeto de vigilancia y hostigamiento en hechos diferentes ocurridos en la ciudad.

Pérez Ruiz, quien visita las cárceles para documentar la situación de las personas privadas de su libertad, ha sido perseguido y fotografiado ostensiblemente en las calles y otros espacios, como la facultad de derecho, donde estudia.

Por su parte, Meza ha sufrido allanamientos en su vehículo y su domicilio. El pasado día 7 encontró su carro abierto y una nota amenazante dirigida a él. A las dos y media de la mañana del día 10 recibió una llamada: Hola doctor, oiga está muy bonita su casa, pero se ve que como que casi nunca está, su plantita está muy seca y tiene mucho desorden, qué es eso de tener todos los libros en su mesa, y le comenzó a dar los títulos.

Hostigamiento

Al regresar a su domicilio, Meza (quien además capacita a promotores de salud en Mitzitón y Acteal) encontró en su cama documentos e informes referente a su actividad como defensor y sus colaboraciones médicas con el Frayba; de su computadora fueron sustraídos expedientes clínicos y peritajes realizados a sobrevivientes de tortura. Los intrusos no sustrajeron ningún objeto de valor.

El CDHFBC subraya que estos nuevos acontecimientos se dan en el contexto de recientes amenazas de muerte a la activista Margarita Martínez, de Comitán, y a integrantes del propio centro.

En tanto, el Comité de Derechos Humanos de Base Digna Ochoa, de la zona Norte, transmitió testimonios de los pobladores del barrio La Independencia (Tumbalá) sobre presiones de la alcaldesa Solís Sánchez para atravesar un drenaje por sus calles hasta su planta de tratamiento. Los indígenas manifiestan que la planta sólo se construyó con capacidad para dar servicio al barrio. La gente no está de acuerdo porque nunca se contempló así.

El 16 de diciembre, la delegada de gobierno y el ingeniero Francisco Zavaleta, de la constructora del drenaje en los barrios Deportiva y Calzada Villa Nueva, mandaron llamar al juez rural de La Independencia, Francisco Velasco Álvaro; con él llegó la monitora Rosa Claudia Díaz Moreno. Allí se encontraban más de 30 personas de otros barrios, agentes municipales y estatales con armas largas, y un vehículo con policías ministeriales.

La delegada Valdivieso pretendió obligar al juez rural a firmar la autorización sin consultar a sus representados; éste se negó. Díaz Moreno cuestionó a la funcionaria por violar los derechos de la gente, y ésta ordenó fotografiarla y tomar nota de ella. El Comité Digna Ochoa se dice preocupado y exige al gobierno de Chiapas el cese de hostigamientos y amenazas.