Transparencia Mexicana tiene que explicar por qué existen al menos dos documentos del informe que entregó a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) sobre la licitación 21, en los que aparentemente desaprueba el proceso mientras que el regulador difundió uno en el que aseguró que el testigo social avaló el concurso y aseveró que se apegó a las bases de licitación, advirtió Raúl Trejo Delarbre, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

Destacó que en México las irregularidades cometidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Cofetel para beneficiar a Televisa y Nextel en la licitación 21 no provocaron un escándalo político como ocurrió en India con un concurso similar y mucho menos ha motivado la renuncia del secretario Juan Molinar y del comisionado Mony de Swaan como sí ocurrió en aquel país asiático, por lo que la opacidad con la que se han conducido estos funcionarios y el daño patrimonial de 5 mil millones de pesos que el propio gobierno provocó al erario son dos de los hechos más criticables de la actual administración.

Trejo Delarbre señaló que la importancia del informe de Transparencia Mexicana radica en que la licitación 21 es tal vez el proceso de colocación de espectro radioeléctrico en el mercado más cuestionado de todos debido a que desde el inicio la Cofetel y la SCT buscaron favorecer a las empresas preferidas del gobierno sin que les importara escamo- tearle al país al menos 5 mil millones de pesos, y que de acuerdo con una de las versiones del documento de Transparencia este testigo social sí habría hecho ese y otros señalamientos que la Cofetel no incluyó en el informe que hizo oficial.

La Cofetel sí dejó en el informe que difundió dos acotaciones de Transparencia, no con la contundencia del texto original, pero que hablan de dos de las críticas y a la vez argumentos más expuestos para que la licitación se detuviera: señaló que es necesario que en próximas licitaciones haya más de un participante para evitar que se presente la disparidad de precios a pagar.

Señaló que tuvo conocimiento de diversas impugnaciones legales contra el concurso, de la existencia de suspensiones y amparo, pero que la Cofetel nunca le entregó la información.

La Cofetel fue responsable de estas y otras acciones de opacidad en la licitación 21, por lo que esas puntualizaciones bastarían para considerar que si bien se cumplió con lo establecido en las bases de licitación, el ocultamiento de información y el diseño mismo de la convocatoria beneficiaron a las empresas que el gobierno había elegido para otorgarles 30 megahercios de cobertura nacional, refirió Trejo Delarbre.

El especialista en telecomunicaciones enfatizó que estas son sólo algunas de las irregularidades del concurso y que cada vez que Comunicaciones y Transportes o Cofetel intentan justificar su proceder dejan en evidencia más y más malos manejos que pretenden minimizar o desacreditar por todas las vías posibles.