El asesinato de la activista chi-huahuense Marisela Escobedo Ortiz es sólo la punta del iceberg de un fenómeno mucho mayor de violencia contra las mujeres, que ha ido creciendo en todo el país por la falta de compromiso de los gobiernos para detenerlo, lo cual ha dado lugar a una grave impunidad, advirtieron miembros de organismos de derechos humanos.

Juan Carlos Gutiérrez, director general de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que este caso deja claro el silencio cómplice del gobierno federal ante los feminicidios y la forma en que algunos casos de violencia reciben más atención que otros.

Dan prioridad a algunas personas, hay un trato diferenciado, y eso me preocupa mucho, porque se demuestra que no todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos son importantes para el gobierno, por lo cual son ignoradas y maltratadas por el Poder Judicial, como ocurrió en el caso de Escobedo Ortiz.

Gutiérrez calificó lo ocurrido de crimen de Estado, ya que la actuación negligente y débil de las autoridades, agregó, dio pie a la comisión de un nuevo asesinato.

Ésta es la punta del iceberg de una situación gravísima. Nosotros debemos seguir trabajando para lograr que el gobierno asuma un compromiso claro en derechos humanos, afirmó.

Gloria Ramírez, presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, señaló que el asesinato de Marisela Escobedo provoca un sentimiento de impotencia e indignación por vivir en un país de ingobernabilidad, donde siguen cometiendo agravios contra las mujeres y nadie da la cara por ello.

Entrevistada durante la manifestación del pasado viernes frente a la Secretaría de Gobernación, Ramírez expresó su coraje porque la respuesta de las autoridades ante las demandas de justicia de la población es enviar granaderos.

Estamos llegando a una situación de Estado fallido, que no es capaz de garantizar los derechos de las mujeres, ni las bases fundamentales de la legalidad, la justicia y la seguridad pública. Esto es un crimen de Estado, a los tres niveles de gobierno, y no tenemos otra puerta que la justicia internacional, aseveró.

El dirigente del PAN, Gustavo Madero, exigió a las autoridades de Chihuahua que proporcionen seguridad a los familiares de Marisela Escobedo, tras conocer las agresiones que han sufrido los deudos de ésta.

En un comunicado, pidió a los gobiernos estatal y municipal de Chihuahua efectividad en las investigaciones del caso y consideró inapropiada la declaración que hizo el fiscal de que no se puede asegurar que las agresiones a los familiares de Escobedo estén relacionados con su muerte.