Uno de los obstáculos que enfrenta la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en el combate al robo en transporte público es que los choferes y concesionarios de las rutas afectadas se niegan a denunciar, incluso a participar siquiera como testigos de cargo cuando son víctimas de este delito, señaló el subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas, Luis Genaro Vázquez Rodríguez.

Otro problema, agregó el funcionario, son los llamados postureros, personas que son subcontratadas por los choferes au- torizados por la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi), para operar microbuses o taxis, y de quienes la autoridad no tiene registro, es decir, no sabemos si tienen antecedentes penales o si su licencia está vigente, lo que significa el riesgo de que esas personas actúen en complicidad con los delincuentes.

En entrevista con este diario, dijo que es imposible saber la cifra negra en cuanto a este delito -los casos que no se denuncian-, aunque descartó que pueda ser hasta de 90 por ciento por ciento, como señalan organizaciones como el Consejo Nacional de la Abogacía, entre otras, pues de ser así, afirmó no estarían saturados los reclusorios.

Vázquez Rodríguez criticó que los choferes no quieran presentar denuncia o colaborar en las investigaciones. En los pasajeros es comprensible, porque es población flotante o son usuarios ocasionales de esas rutas o con las prisas no tienen tiempo para hacerlo.

El argumento de los choferes, explicó, es que tienen miedo a sufrir represalias, pues dan por sentado que los asaltantes saben quiénes son, así como en que vehículo y ruta están trabajando.

Es un contrasentido, afirmó, pues les afecta más, porque si un operador es constantemente asaltado en su unidad, los usuarios no van a tener la confianza de seguir utilizando ese transporte, sobre todo cuando saben que se lavan las manos y deciden no denunciar.

Manifestó que si los operadores hicieran un frente común, denunciaran y participaran como testigos de cargo, eso desalentaría a los asaltantes, de allí que se llevan a cabo reuniones con los concesionarios para tratar de cambiar esta actitud. Según las cifras de la PGJDF, este año el robo a transporte público se incrementó en 10 por ciento con respecto a 2009.