El asesinato de la activista Marisela Escobedo Ortiz, ocurrido la noche del jueves frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, despertó una reacción unánime de indignación en activistas, legisladores y académicos, quienes exigieron castigo a los responsables del crimen y acciones contundentes de las autoridades para detener los feminicidios en todo el país.

Ayer, en la ciudad de México, unas 150 personas se manifestaron ante la sede de la Secretaría de Gobernación (SG) para expresar su repudio al asesinato, y bloquearon alrededor de 20 minutos Paseo de la Reforma, a la altura de la Procuraduría General de la República (PGR).

En medio de consignas como No más violencia contra las mujeres y Si tocan a una, nos tocan a todas, los inconformes fueron replegados y cercados por un grupo de granaderos, para, finalmente, acordar con Lorenzo Gómez Hernández, director de Atención Ciudadana y Concertación Política de la SG, que este lunes se pondrían en contacto para agendar una posible reunión.

Los manifestantes, en voz de María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y Andrea Medina Rosas, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, demandaron que en un plazo no mayor a 21 días, las autoridades les den fecha y lugar para dialogar con los titulares de la PGR, Arturo Chávez Chávez, y Gobernación, José Francisco Blake Mora.

Asimismo, pidieron reunirse con el gobernador chihuahuense César Duarte; el alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes, y los coordinadores de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).

Por su parte, organizaciones feministas señalaron que el asesinato de Marisela Escobedo demuestra una vez más que el Estado mexicano no está siendo capaz de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres ni de los luchadores sociales.

“Se requiere un cambio de timón a nivel nacional, porque lo que estamos viendo es una guerra contra la ciudadanía, una represión de los defensores de derechos humanos y una victimización de las mujeres frente a los feminicidios” aseguró Ángeles López García, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, organización integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Alejandra Sepúlveda, de la organización feminista Pan y Rosas, exigió al gobierno justicia para las muertes de Marisela y Rubí, que se tomen todas las medidas necesarias para el cuidado de la hija de Rubí –que hoy queda por segunda vez huérfana– y que se ponga un alto al feminicidio y a la persecución de luchadores sociales.

Senadores de PAN y PT condenaron el asesinato y exigieron que se investigue a fondo, para impedir que el delito quede en la impunidad. Es urgente que todos los órdenes de gobierno redoblen los esfuerzos para rescatar a Chihuahua y las demás entidades del país que viven secuestradas por la criminalidad, advirtió el panista Ramón Galindo.

Por separado, el senador del PT Ricardo Monreal expresó que ese asesinato provoca indignación, ya que se trata de una luchadora social que pugnaba porque se castigue al homicida de su hija y no sólo no fue escuchada por las autoridades, sino que fue también ultimada por criminales.

El consejo nacional del PRD consideró que el feminicidio de Marisela Escobedo es un crimen de Estado solapado por las autoridades estatales (de Chihuahua) y federales. Ante ello, el presidente del partido, Jesús Ortega Martínez, exigió la renuncia del gobernador César Duarte y del procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez.

En la Cámara de Diputados, la bancada perredista también condenó el asesinato en voz de la legisladora Leticia Quezada, quien consideró inverosímil que Escobedo haya sido asesinada casi frente a los ojos de la autoridad, por un hombre que podría ser el mismo que ultimó a su hija Rubi Frayre en 2008.

El secretario ejecutivo de relaciones públicas e institucionales de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Manuel Corral, calificó de lamentable y dolorosa la muerte de Escobedo, y advirtió que hemos llegado a límites de extrema violencia que a todos nos afecta.

Por la noche, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un comunicado en el que demandó a las autoridades una indagatoria eficaz para resolver los asesinatos y llevar ante la justicia al o a los responsables.