El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam, anunció que la institución acatará las disposiciones del contrato colectivo de trabajo y tomará las medidas correspondientes contra los médicos de esa institución que sin notificación previa faltaron a su trabajo el miércoles pasado en Ciudad Juárez.

Los galenos participaron ese día en una manifestación pública de repudio a las agresiones de que han sido víctimas por parte del crimen organizado.

En tanto, los médicos serán sancionados por las autoridades del instituto asentadas en la capital del país, el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, declaró a los hospitales de esa ciudad zonas de alto riesgo e instruyó a la Fiscalía General del Estado reforzar la vigilancia en torno a ellos, sobre todo en los que reciben a personas con heridas de arma de fuego, porque tienen alta vulnerabilidad.

Ordenó también brindar seguridad al personal médico de esos nosocomios.

Asimismo, el mandatario presentó ante el Congreso local de Chihuahua –que sesionó hoy en Ciudad Juárez– una iniciativa de reformas al sistema de justicia penal local para endurecer las sanciones a malhechores reincidentes y menores infractores; finca responsabilidades a los padres de éstos y contempla medidas alternas para que los presos de alta peligrosidad desahoguen sus procesos en prisión sin tener que acudir a los tribunales orales.

En la capital del país y a propósito de la manifestación del personal del IMSS en la ciudad fronteriza, Daniel Karam declaró: Nosotros no prejuzgamos el motivo por el cual los médicos salieron a manifestarse, están en todo su derecho de hacerlo, pero desde el punto de vista administrativo tenemos que cumplir con lo que señalan las condiciones del contrato colectivo en cuanto a cumplir las reglas sobre lo que se debe hacer cuando hay una ausencia no justificada.

Reforma al sistema penal

Ante la tribuna del Congreso local, Duarte Jáquez dijo que las medidas para hacer más rígido el sistema penal chihuahuense son necesarias para evitar que sujetos que representan un peligro social recobren la libertad.

Indicó que la reforma aprobada en 2008 fue diseñada en otras circunstancias, pero en la situación de crisis de seguridad que vive la entidad, la sociedad se ha convertido en víctima de un sistema garantista, que beneficia a los que delinquen (y) es más fácil salir de la cárcel que entrar en ella.

Uno de los aspectos más destacados de las reformas propuestas es la modificación de la Ley de Menores Infractores, dado que muchos adolescentes son utilizados por el crimen organizado para delinquir con la premisa de que no serán encarcelados. Ahora se proponen penas de hasta 15 años para jóvenes entre 14 y 18 años de edad y se analiza la posibilidad de sancionar a los padres que omitan su responsabilidad en la atención y cuidado de sus hijos menores que cometan delitos.