El ministro Arturo Zaldívar aseveró que con las sentencias emitidas por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hemos intentado que los argumentos de nuestras sentencias reafirmen a este tribunal constitucional como contrapeso y barrera frente a los abusos del poder y añadió que en las resoluciones sobre la libertad de los presos de Atenco y de las indígenas queretanas Alberta Alcántara y Teresa González se sentaron importantes precedentes en materia de derechos fundamentales.

Lo anterior, al rendir ayer su informe de labores como titular de la primera sala, en tanto que Sergio Aguirre Anguiano –quien hizo lo propio como presidente de la segunda sala– sostuvo que el máximo tribunal ha actuado con probidad, sabiduría y entrega y cuestionó a quienes filtran textos zafios que ponen en entredicho nuestra labor jurisdiccional, a partir de cifras y valores numismáticos, apoyados en informes manejados con superficialidad por intereses metacadémicos.

Esto en respuesta a críticas recientes de diversos actores académicos y políticos por los altos sueldos de los ministros, la baja productividad de la Corte en relación presupuesto-sentencias emitidas y por el alto presupuesto que recibe.

Rechazó que las decisiones de la segunda sala sean producto de presiones políticas o sociales y dijo que quien quiera encontrar una decisión mediatizada, dirigida por intereses espurios, motivada por intenciones o fuerzas sospechosas, pierde su tiempo flagrantemente, ya que tales especulaciones sólo son producto de la imaginación, de la ignorancia del verdadero trabajo que aquí se realiza día a día.

Y para ejemplificar, se refirió a la decisión de la segunda sala de limitar a 10 minisalarios las jubilaciones de los pensionados del IMSS, al sostener que los ministros no legislamos ni acotamos el tope de cotización, sino únicamente la interpretamos.

Ante el pleno de ministros cada presidente de la sala resumió la actividad del año que termina.

Zaldívar, por su lado, reivindicó la intención de la primera sala de “impregnarle a la función jurisdiccional una eminente conciencia social, además de coadyuvar al cambio cultural, “enviando un mensaje a todas las autoridades en el sentido de que los derechos fundamentales son ese contenido mínimo que debe ser respetado en todas las relaciones jurídicas que se suceden en el Estado mexicano.

Además, destacó que en el caso Atenco y el de las indígenas, la Corte fijó criterios para garantizar el debido proceso legal en materia penal y elevar los estándares de la calidad probatoria, porque en esos casos precisamente la irregularidad de los procesos fue la razón de que fueran absueltos y liberados los involucrados.

A diferencia de Aguirre, Zaldívar no sólo se refirió a criterios y resoluciones adoptados, también adelantó que la sala tiene una agenda de derechos fundamentales, sobre la que se pronunciará en los próximos meses.

Destacó entre los temas a tratar las consecuencias de la violencia intrafamiliar para la pérdida de la patria potestad y las exigencias probatorias de la violencia; el derecho preferente de la madre para cuidar al menor y el derecho del menor a ser cuidado por quien más le resulte conveniente para su desarrollo; si le asiste o no legitimidad a un tercero para contravenir la patria potestad de un menor nacido y registrado en un matrimonio.

También fijará postura sobre la constitucionalidad del juicio oral sumarísimo y el juicio de divorcio exprés en el DF, entre otros.

Aguirre Anguiano por su lado, aprovechó para criticar a su compañero José Ramón Cossío Díaz, quien semanas atrás anunció en una carta su decisión de no contender por la presidencia de la SCJN, alegando que no quería, de ser elegido, limitar su labor a cuestiones administrativas.