Moscú, 14 de diciembre. La comisión gubernamental creada para estudiar el impacto ambiental de la tala de parte del bosque de Jimki, ciudad satélite de esta capital, dictaminó este martes reanudar la construcción del tramo más controvertido de la autopista de peaje entre Moscú y San Petersburgo de acuerdo con el plan original.

Esto supone abrir una brecha de 100 metros de ancho dentro del bosque y derribar árboles en una superficie de 100 hectáreas, adicionales a las casi 50 ya taladas.

De nada sirvieron las protestas de vecinos y grupos ecologistas, ni las víctimas que sufrieron palizas por oponerse a la tala del bosque. Apenas lograron –y en su momento se tomó como un triunfo de la sociedad civil frente a la intolerancia del Kremlin, el 26 de agosto anterior– se suspendiera la construcción para abrir un amplio debate, que los burócratas se encargaron de minimizar.

Aparte de su nada despreciable connotación ecológica, la polémica sobre el bosque de Jimki puso de relieve quién manda en Rusia: el presidente no pudo –ratificó que es el eslabón débil del tándem gobernante– revertir la decisión del primer ministro Vladimir Putin.

Ahora, desde el entorno de Dimitri Medvediev, a modo de justificación se dice que es demasiado tarde para dar marcha atrás en la construcción de la autopista y que el trazado original buscaba no afectar tierras adquiridas por Yelena Baturina, la esposa del anterior alcalde de Moscú, Yuri Luzhkov.

“El presidente –según su secretaria de prensa, Natalia Timakova– considera que al proyectar la autopista se pasó por alto la opinión de la sociedad civil y las organizaciones ecologistas, por lo cual el ejemplo del bosque de Jimki debe ser una lección de que dicho diálogo es indispensable”.

El vicepremier Serguei Ivanov, a cargo de la comisión gubernamental, comunicó el dictamen al presidente Medvediev, quien deberá formalizar la decisión.

El gobierno resolvió aumentar la compensación por el daño ecológico durante la construcción, que pasó de 100 a 130 millones de dólares, y prometió que serán plantadas 500 hectáreas de bosque.

Conforme a los cálculos de Ivanov, una vía alternativa sería más costosa y tardada. Habría que pagar 150 millones de dólares a los constructores –entre estos, el consorcio francés Vinci– por incumplimiento de contrato y las obras se llevarían cuatro años más.

Se prevé terminar el proyecto original en 2013, pero las organizaciones ecologistas se preparan para reanudar la lucha dentro y fuera de Rusia y, entre otras medidas, promueven una campaña en Francia para excluir a Vinci.

El Movimiento en Defensa del Bosque de Jimki, que comenzó de modo espontáneo a rechazar la tala de árboles, ya cuenta con el respaldo de la coalición Por los Bosques de los Alrededores de Moscú.

Surgida en septiembre, la coalición agrupa a importantes organizaciones no gubernamentales, entre otras Greenpeace Rusia y World Wildlife Fund Rusia.