a ilegal remisión por el Senado de la República de sólo una parte de las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica a la Cámara de Diputados, el pasado jueves, es apenas la más reciente de una serie de tropelías que no han permitido el avance de las urgentes reformas en la materia. México es uno de los países más desiguales del mundo, en el que unas cuantas familias controlan la economía nacional y expropian la riqueza de todos. Aun las cifras conservadoras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportan 50 millones de mexicanos pobres, de entre los cuales 20 millones subsisten en condiciones de pobreza extrema. La razón principal de esta injusticia e inmoralidad no es la crisis económica global e incontrolable, sino la concentración económica y la inexistencia de mercados competitivos en México.

Desafortunadamente, los legisladores federales, en lugar de resolver esta grave situación, vuelven a subordinarse a intereses ajenos. El PAN se doblega ante las presiones de Felipe Calderón, quien busca mantener el control directo del Poder Ejecutivo sobre la Comisión Federal de Competencia (Cofeco). El PRI se dedica a recortar y matizar las facultades de esta comisión con el fin de aproximarse más a los poderes fácticos. Mientras, el PRD se queda como mero espectador a quien le es dado apoyar por igual las posiciones del PAN o del PRI, dependiendo de su estado de ánimo en el momento.

El PAN no ha ofrecido argumentos convincentes contra las propuestas del bloque de PRI, PRD y PT en el Senado para convertir la Cofeco en organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y permitir la ratificación de los comisionados por el Senado. Sin base jurídica alguna, ha argüido que este diseño legal no permitiría a la comisión sancionar directamente a las empresas monopólicas. Asimismo, señala que la participación de los senadores politizaría los nombramientos, como si la actual situación de total subordinación de la Cofeco al Poder Ejecutivo fuera garante de su independencia política.

Después de lo que ha pasado con la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), con la licitación 21 y los nombramientos de comisionados como Héctor Osuna y Mony de Swaan, y a partir del desempeño sumamente deficiente de los otros órganos reguladores, resulta evidente que habría que introducir claros contrapesos y fuertes garantías institucionales para garantizar su autonomía. Estos órganos deben cesar de ser juguetes de los gobiernos en turno, que los políticos utilizan para pagar favores, para convertirse en órganos del Estado dedicados a defender el interés público y asegurar la competencia económica.

Sin embargo, Calderón simplemente no quiere perder el poder y la influencia que implica estar directamente a cargo de la regulación de todos los mercados del país. Y en este caso el PAN en el Senado ha funcionado como mera correa de transmisión para los reflejos autoritarios y la cortedad de miras del Presidente de la República.

Ahora, aunque el PRI en el Senado ha concretado la importante propuesta de dotar de mayor autonomía legal a la Cofeco, también ha refrendado su peligrosa cercanía a los poderes fácticos al buscar restar facultades, margen de acción e independencia política a esta importante comisión. El dictamen del Senado impulsado por el viejo partido del Estado elimina la facultad de la Cofeco de ordenar medidas cautelares frente a posibles daños irreparables a la competencia, complica la posible declaración de una situación de poder sustancial conjunto de dos empresas que controlen un mismo mercado, y reduce el margen de acción para las visitas de inspección de la comisión. También abre la puerta para una radical reducción en las multas al limitar el cálculo únicamente al mercado de la empresa responsable sin tomar en cuenta el poder del consorcio más grande en el cual la empresa estuviera inserta (Televisa, por ejemplo).

Supuestamente, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las empresas monopólicas, la propuesta del PRI también complica las declaraciones de reincidencia y aplaza de manera indefinida el inicio de un juicio penal contra los individuos responsables de prácticas monopólicas. En ambos casos, antes de proceder con la sanción correspondiente, la resolución inicial emitida por la Cofeco tendría que causar estado, algo que puede tardar hasta cinco años. Pero quizás el retroceso más grave contenido en el dictamen del Senado es la reducción de 10 a cinco años en los periodos de los comisionados, algo que busca garantizar la dependencia política de éstos.

Como si esta doble subordinación, del PAN a Calderón y del PRI a las empresas monopólicas, no fuera suficiente, ahora el Senado ha incurrido en una dramática violación a la Constitución al remitir una ley mocha, a que le faltan más de 15 artículos, a la Cámara de Diputados. El inciso E del artículo 72 de la Constitución señala que la cámara revisora, en este caso el Senado, tiene la facultad de aprobar o en su caso emprender modificaciones o adiciones a los proyectos de decreto que reciba de la Cámara de Diputados. La norma simplemente no permite la opción de no pronunciarse con respecto a una parte de una reforma. Ante esta abierta ilegalidad, el proceso legislativo desde ahora se encuentra viciado y podría ser impugnado en su momento ante el Poder Judicial.

Es hora de que nuestros legisladores tomen en serio sus altas responsabilidades y construyan una nueva reforma en materia de competencia que retome lo mejor de las dos propuestas, simultáneamente consolidando tanto la autonomía como las facultades de la Cofeco. De otra forma, estaríamos frente a una reforma que nace muerta y que solamente sirve para simular un avance normativo pero que en realidad auspicia la misma impunidad y desigualdad de siempre.

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