Altos mandos del ejército colombiano reconocieron en conversaciones privadas con diplomáticos estadunidenses acreditados en Bogotá que la matanza de 16 falsos guerrilleros en la localidad de Soacha, en el centro de Colombia, en septiembre de 2008, causó un incalculable daño a la imagen de las fuerzas armadas gubernamentales, pero, más aún, admitieron que el problema de las ejecuciones extrajudiciales se había esparcido a varias brigadas en pocos meses.

Un memorando diplomático confidencial estadunidense de febrero de 2009, filtrado en el sitio cibernético Wikileaks, puso en evidencia que el comandante del ejército, general Óscar González, fue acusado ante el embajador William Brownfield de haber impedido la investigación de abusos al limitar el mandato del inspector general de esa rama de las fuerzas armadas, el mayor general Carlos Suárez.

El militar informó a Brownfield que algunos comandantes militares asumieron la práctica de matar a jóvenes para hacerlos pasar por presuntos guerrilleros, de manera que el conteo de cuerpos sirviera como medida de éxito, lo que llevó a las tropas a perpetrar matanzas como la de Soacha.

El sistema de conteo de cuerpos –citó el embajador a Suárez– creó una falsa ilusión de éxito y, como resultado, los falsos positivos desviaron los recursos y la atención de la lucha principal contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

El descubrimiento de la primera matanza y la continuación de la práctica obligó al Departamento de Defensa a destituir a 51 elementos del ejército, 27 de los cuales estuvieron involucrados en el múltiple homicidio de Soacha, localidad del departamento de Cundinamarca, donde también se encuentra la ciudad de Bogotá. Pesquisas posteriores dadas a conocer en la prensa local indicaron que los falsos positivos eran jóvenes de barrios pobres de la capital colombiana.

Según Suárez, la idea de crear falsos positivos tuvo su origen en la cuarta brigada de Medellín, cuyo comandante era en aquellas fechas Mario Montoya.

Brownfield relató en el cable diplomático que algunos altos oficiales continúan resistiendo los esfuerzos del Ministerio de Defensa, argumentando que las preocupaciones de derechos humanos están sobrevaluadas.