Manuel Fuentes, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), informó que en los próximos días interpondrá, en nombre del Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión, ante la Procuraduría General de la República (PGR), una “demanda penal en contra de quienes resulten responsables de la filtración dolosa de la declaración hecha por un testigo protegido sólo con la finalidad de afectar los intereses de un medio crítico al gobierno (Proceso) y a uno de sus reporteros”.

En breve entrevista durante un mitin realizado por dicho frente, al conmemorar sus dos años de existencia y en demanda de justicia para los periodistas victimados y desaparecidos, el litigante aseveró que aunque sea contradictorio recurrir a la instancia que presuntamente filtró el testimonio a Televisa, es el camino legal que se debe seguir.

Antes de acudir ante instancias internacionales debemos agotar todas las nacionales y la Procuraduría General de la República es uno de los canales a los que debemos recurrir, pese a que ello pueda ser una autoinvestigación, comentó.

Destacó que, de acuerdo con el Código Penal, ese tipo de testimonios deberían ser confidenciales, por lo cual la filtración es un delito. Quien sea el responsable cometió un ilícito, lo cual amerita emprender acciones legales. Así, tentativamente, interpondremos la demanda la semana próxima.

Durante el mitin, al cual acudieron periodistas de diversos medios, se expresó respaldo a Julian Assange, fundador de Wikileaks, y se criticó el afán de impedir que información de interés público sea conocida.

Se aseguró que lo ocurrido con Proceso no puede quedar en denuncia pública, porque además de ser una embestida contra ese medio abre la puerta para que otras publicaciones críticas del gobierno puedan ser víctimas de esas argucias, las cuales, indicaron, no se sabe si son amenaza o revancha por exponer “fallas, errores y abusos en la guerra del gobierno federal contra el narcotráfico”.

También se dio a conocer que el frente entregó en la PGR una petición de audiencia con el fiscal especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, Gustavo Rómulo Salas Chávez, y con el titular de dicha institución, Arturo Chávez Chávez, para conocer cuáles son los pasos que proponen para acabar con la impunidad y con los asesinatos y desapariciones de comunicadores.

En el escrito se menciona la “campaña gubernamental contra Proceso, los juicios que enfrenta la revista Contralínea y varios periodistas acusados de daño moral”. También se condena el clima de violencia que prevalece en México, que el país ocupe el primer lugar en América Latina por número de asesinatos de informadores. Sostiene que este año han sido victimados 12 colegas y tres permanecen desaparecidos.