Vícam y Pótam defienden
el río Yaqui y su valle generoso
Hermann Bellinghausen, municipio de Cajeme, Sonora, noviembre. El Valle del Yaqui, y las importantes tribus yaquis yoreme que lo habitan y trabajan, están prácticamente amenazados de muerte por los gobiernos panistas del municipio de Cajeme, el estado de Sonora y la República Mexicana. Faltaría la administración de Felipe Calderón a su nostálgica vocación porfirista si no intentara, con medios modernos, exterminar a ese pueblo. Ahora, vaciando las aguas el río Yaqui, corazón de la vida en casi un tercio de la enorme entidad, con fines comerciales; esto es, venderla a la ciudad de Hermosillo y a las grandes industrias.
Notable resulta el arrojo con que los licenciados Carlos Luege Tamargo y Guillermo Padrés Elías, titulares respectivos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el ejecutivo sonorense, impulsan el programa “Sonora Sí”, que ya en el nombre enseña el percal del chantaje, para desviar las agua del Yaqui y mediante un acueducto de 152 kilómetros “de subida y bajada, de la presa El Novillo a Hermosillo”, como dice un yaqui de Vícam. Para ello se anuncia oficialmente una inversión de tres mil 800 millones de pesos, con aprobación del Congreso de la Unión.
Sencillamente, se trata de despojar de su fuente de vida a las tribus yaquis, pueblo que está en la raíz misma de lo que se llama México. Sus derechos históricos fueron conquistados a pulso por generaciones sucesivas, resistiendo a los invasores desde antes de que México fuera país, y reconocidos sólo hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando habían desaparecido ya los “yaqueros”, cazadores que cobraban por cada cabeza de indio, y el gobierno de Porfirio Díaz que les declaró la guerra, los mató y desterró sin perderles nunca el miedo. El pueblo yaqui peleó por eso como una de las fracciones indígenas más combativas y determinantes (siendo la otra los zapatistas de Morelos) en la Revolución Mexicana.
Tomás Rojas Valencia, miembro de la autoridad tradicional de Vícam, en plena cuenca del Yaqui, explica: “Desde 1937 tenemos nuestro territorio y nuestra forma propia de gobierno. Nuestros padres y abuelos participaron en ese cambio del país que fue la Revolución. Ellos impusieron entonces las condiciones para obtener lo que los yaquis queríamos. Eso influyó en la forma de concebir nuestro territorio y nuestra lucha. Logramos que los gobiernos no se metieran en las decisiones nuestras. Este territorio nos pertenece y nos da razón para decir cómo han de ser las cosas aquí. Es un derecho que hemos defendido por generaciones. Tenemos el deber moral de defenderlo y darlo a nuestros hijos”.
Mario Luna, otro representante yaqui, apunta: “El director de Conagua debe apegarse a la ley de Aguas Nacionales, pues debemos ser los yaquis quienes administramos el agua. El decreto de Cárdenas especifica que nos corresponde el 50 por ciento del agua de la presa Angostura y todos los escurrimientos”.
Los opositores al acueducto proponen además al gobierno la creación de una planta desalinizadora en algún lugar de los 85 kilómetros de costa que tienen los yaqui en el golfo de California. Permitiría llevar agua a Hermosillo a mucho menor costo y sin secar este valle, verdadero orgullo agrícola hoy amenazado por funcionarios y empresarios que, como semanas atrás dijo aquí Juan Chávez, representante purépecha del cni, “ignoran que el agua es vida, y la consideran una mercancía más”.
Según información de Esther López Portillo, basada en el documental Río Yaqui, (ilce-Online Communications, México, 1998), ya ahora las presas del Yaqui abastecen agua para riego en grandes zonas agrícolas, así como la destinada a uso industrial y doméstico en una porción significativa de Sonora. Otra fuente importante de abasto para la región es el acueducto Yaqui-Guaymas, procedente de los mantos acuíferos subterráneos del valle. Este acueducto contiene una red de once pozos, de los que se extraen alrededor de 550 litros por segundo para las ciudades de Empalme, Guaymas y San Carlos. La generosidad actual de esta cuenca no podría ser mayor. Pero los inversionistas y el gobierno quieren más.
La sequía, problema crónico del norte de Sonora, se ha agudizado en los últimos años. Para resolverlo, los planeadores determinaron drenar el fértil valle del Yaqui, en lo que se llama hacer un hoyo para tapar otro. Y no cualquiera. El valle, considerado nuestro principal “granero”, podría llegar a producir el 50 por ciento del trigo a nivel nacional. Si bien a Conagua le parece “vergonzoso que se siembre trigo”, revela Adalberto Rosas, uno de los voceros del movimiento ciudadano que coincide con la lucha yaqui.
En agosto pasado, las autoridades tradicionales de Vícam y Pótam interpusieron recursos legales ante el Tribunal Unitario Agrario 35 de Ciudad Obregón contra el gobierno del estado y Conagua. Con ello buscan impedir la construcción del acueducto de El Novillo a Hermosillo. La defensa del valle ha generado en la región una alianza sin precedentes de los indígenas con el Movimiento Ciudadano por el Agua (mca), con sede en Ciudad Obregón, conformado por yoris (“blancos”) productores agrícolas, empresarios, comerciantes, diputados locales y federales priístas, incluso un senador y un ex candidato a gobernador panistas.
Las tribus de Vícam y Pótam, con la simpatía de los demás pueblos yaquis, exigen que las autoridades se abstengan de firmar convenios o licitar obras para extraer agua del río. Demandaron al tribunal agrario la restitución del 50 por ciento de las aguas de la cuenca que les corresponden por decreto presidencial, y una medida cautelar urgente para que Conagua y el gobierno estatal no violen sus “derechos de agua”.
Son ocho los pueblos tradicionales yaqui: Loma de Guamúchil, Loma de Bácum, Tórim, Vícam, Pótam, Ráhum, Huirivis y Belem. Por su fuerza histórica y su ubicación geográfica, Vícam viene siendo el centro político y de encuentro de las autoridades tradicionales yaqui. Allí se celebró el 20 de noviembre el Foro Nacional en Defensa del Agua, convocado por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y la tribu de Vícam, y contó con la elocuente participación del mca.
Los funcionarios Luege y Padrés han alardeado que “no cederán ante la oposición”, que les parece “partidista”. “No vamos a claudicar, ni nos vamos a amedrentar”, advirtió el gobernador, presumiendo una “transparencia” que, según numerosos señalamientos a nivel local, en los hechos no existe dentro del plan Sonora Sí.
En la capital sonorense proliferan anuncios gubernamentales con la enigmática frase “El futuro del agua está en tu voz”.
Si se han de respetar los derechos de los ciudadanos afectados (tribus yaquis, productores, comerciantes y pobladores de la región), las autoridades panistas deben entender que esa “voz” que invocan de la gente con toda claridad dice NO.