Tratar de colocar en puestos clave de organismos públicos a personajes vinculados a grupos ultraderechistas demuestra que la clase política ha pervertido dichas instituciones, buscando que sirvan a intereses privados y desvirtuando el espíritu con que fueron creadas.

Coincidieron en lo anterior activistas de derechos humanos, a propósito del intento del Partido Acción Nacional de imponer a José Antonio Ortega Sánchez –cercano a diversos grupos conservadores– como parte del consejo consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Édgar Cortez, investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia (IDHD), afirmó que los aspirantes a dichos cargos tendrían que comprobar una trayectoria sólida en el tema, para garantizar que trabajarán de manera adecuada, pero muchas veces son puestos ahí por presión de grupos políticos, a cuyos intereses terminan sirviendo.

Esta es una muestra de la regresión que hemos vivido en los años recientes en los organismos autónomos, que tendrían que ser instancias independientes de los gobiernos en turno, pero hemos visto cómo la clase política las ha pervertido. La elección de consejeros se hace con criterios políticos, no para fortalecer los mecanismo de control, lamentó.

Rocío Culebro, también integrante del IDHD, señaló por su parte que las recientes designaciones no han sido transparentes ni se ha estudiado de verdad los perfiles de las aspirantes, lo cual ha perjudicado la labor de los consejos de diversas instituciones públicas.

Muchas veces los integrantes se eligen a modo, de tal manera que las decisiones se tomen entre amigos o entre quienes sólo buscan estar en un sitio políticamente correcto, pero cuyas opiniones no trascienden porque desconocen el tema de derechos humanos o tienen una visión distorsionada, aseveró.

Proponer a candidatos sin un perfil adecuado es un acto de irresponsabilidad que no ayuda a la transparencia, la rendición de cuentas ni a la verdadera participación ciudadana, además de que impide la toma de decisiones correctas, dijo.

En tanto, Alfonso García, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, también subrayó la importancia de elegir a personas que tengan méritos y conocimientos suficientes en materia de derechos humanos, y consideró que Juan Carlos Gutiérrez Contreras y Marcia Itzel Checa cumplen dichos requisitos.