on los hechos, no las percepciones (como aseguran en Los Pinos), los que llevan a los mexicanos a calificar negativamente al calderonismo en materia de combate a la corrupción, el cual, dicho sea de paso, durante su campaña electoral no dejó pasar oportunidad para subrayar que sería un gobierno de manos limpias. Esa fue la promesa pero, como en tantos otros temas, no trascendió la simple oferta electorera. Tan incumplió en este renglón, que en cuatro años lo único que logró fue hundir aún más al país en lo que a corrupción se refiere.

A finales de octubre pasado la organización Transparencia Internacional divulgó los resultados de su índice de percepción de la corrupción 2010, en el que México descendió al escalón 98 de 178 posibles. Cuando comenzó el calderonato, el país ocupaba el peldaño número 70 entre la comunidad de naciones, de tal suerte que ese es un hecho concreto del gobierno de las manos limpias. Si a esta caída de suman los resultados del sexenio de Vicente Fox, entonces en la tan cacareada década panista el desplome es brutal: pasó del ocupar la posición número 59 (en el arranque del foxiato, el primero de diciembre de 2000) al 98 en octubre de 2010.

En dos gobiernos panistas, 39 escalones para abajo en el referido índice, por mucho que el inquilino de Los Pinos grite a los cuatro vientos que volver al pasado significa, entre otras cosas, corrupción, cuando ésta se ha visto fortalecida durante ese par de administraciones. Y como señala Transparencia, los altos niveles de corrupción son reflejo de instituciones débiles, prácticas de gobernabilidad deficientes e injerencia excesiva de intereses privados.

Eso fue en octubre pasado, pero ayer el citado organismo divulgó los resultados de su Barómetro global de la corrupción 2010, los cuales sólo confirman dos cosas: el sólido avance de la corrupción en México (obvio es que también en otros países, pero a lo que todos nosotros importa es el balance que se presenta del nuestro) y la durísima calificación ciudadana a las supuestas medidas oficiales para combatirla (sólo 7 por ciento de los mexicanos creen que la corrupción se redujo, contra 93 por ciento que rechazan tal afirmación).

Aunque el dato es contundente, más tardó el organismo internacional en revelar su estudio que el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, en calificar de aumento menor o no considerable el resultado de Transparencia Internacional sobre la corrupción en México. “Entrevistado durante la inauguración del Día Internacional Anticorrupción, dijo que debe reconocerse que hubo un ligero incremento en la percepción de corrupción en el ámbito nacional, lo mismo que en el internacional, el cual creció 200 por ciento… vemos que una incidencia muy alta de corrupción está localizada en los trámites estatales, una de las menores son los trámites federales” (El Universal).

Entre dichos resultados se cuentan los siguientes. A la pregunta de: ¿cómo cree que ha evolucionado el nivel de corrupción en este país en los últimos tres años?, los encuestados respondieron así: 75 por ciento que se incrementó; 18 por ciento que se mantuvo igual y apenas 7 por ciento que se redujo. Con este balance, en 2010 México ocupa el tercer lugar latinoamericano en materia de corrupción, sólo precedido por Perú y Venezuela.

En dicha encuesta, los mexicanos calificaron así (donde uno es igual a nada corrupto y cinco a muy corrupto; entre paréntesis la evaluación otorgada en 2006): partidos políticos, 4.4 (4.4); Congreso, 4.2 (4.3); empresas/ sector privado, 3.3 (3.7); policía, 4.4 (4.5); sistema Judicial, 4.3 (4.2); medios de comunicación, 3.2 (3.5); funcionarios/empleados públicos, 4.2 (3.8); ONG, 3 (3.2); organizaciones religiosas, 3 (3.2); Ejército, 2.9 (3.2) y sistema educativo, 2.9 (3.2). En cuatro años, pues, prácticamente ningún cambio.

El Barómetro global de la corrupción 2010 revela el porcentaje de usuarios mexicanos que pagaron un soborno para conseguir que al menos uno de nueve proveedores de servicios diferentes atendiera sus reclamos en los últimos 12 meses: 31 por ciento, el más alto de América Latina, junto con El Salvador (el de menor ranking es Brasil, con 4 por ciento). Este año el promedio latinoamericano en este renglón fue de 23 por ciento. Comparativamente, en 2006 el 28 por ciento de los mexicanos debieron pagar un soborno, con lo que México también ocupó el primer lugar latinoamericano, junto con Bolivia (el de menor ranking fue Argentina –Brasil no fue considerado en ese reporte–, con 6 por ciento). La media latinoamericana ese año fue de 17 por ciento. Al preguntarles ¿cómo valora las acciones del gobierno en su lucha contra la corrupción?, los mexicanos respondieron: ineficaces, 52 por ciento (el doble que en 2006); ni ineficaces ni efectivas, 26 por ciento; efectivas, 22 por ciento.

México destaca entre los países más afectados por el soborno durante 2010, en un porcentaje que fluctúa de 30 a 49.9 por ciento. Comparte el galardón con Azerbaiyán, Bolivia, El Salvador, Ghana, Kenia, Líbano, Lituania, Moldavia, Mongolia, Pakistán, Ucrania, Vietnam y Zambia. En sentido contrario, en la escala más baja, con 6 por ciento, aparecen Australia, Brasil, Canadá, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Georgia, Alemania, Hong Kong, Islandia, Irlanda, Israel, Corea del Sur, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Eslovenia, España, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

En 2006 el porcentaje fue de 16-40 por ciento, y entonces México compartió aplausos con Bolivia, Congo, República Checa, República Dominicana, Grecia, Indonesia, Kenia, Moldavia, Nigeria, Paraguay, Perú, Filipinas, Rumania, Senegal, Ucrania y Venezuela. En la escala más baja (5 por ciento ese año) se registraron Austria, Canadá, Dinamarca, Fiyi, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Israel, Japón, Malasia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.

Las rebanadas del pastel

Una buena, por fin: con más voluntad que recursos para llevarlo a la práctica, ayer la Cámara de Diputados aprobó reformas constitucionales que dan carácter de obligatoria y gratuita a la educación media superior. Con dichas modificaciones, cerca de 2 millones de jóvenes, ahora fuera del sistema educativo, tendrán nuevas oportunidades. El plan es a diez años. ¿Los recursos? Ya vendrán, dicen los legisladores. Ojalá no se quede en el limbo, como es costumbre.

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